De su lado, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, desvinculó a la institución de las experticias que se le siguen al oficial suspendido.
“El caso está cerrado. Dejamos al Ministerio Público el siguiente paso. Le corresponde ahora apegarse a la Ley”, dijo el alto funcionario policial al ser abordado por periodistas.
Se recuerda que el pasado viernes Investigadores policiales establecieron que el suspendido teniente coronel Johan Emilio Liriano Sánchez, a quien el Consejo Superior Policial le recomendó su cancelación ante el Poder Ejecutivo, se reunía de manera frecuente en su finca de la comunidad El Porquero, San Cristóbal, con los integrantes de la red de sicarios y narcotraficantes, de la cual formaban parte los asesinados delincuentes Juan Félix Cordero Febles (Copelín) y Edgar Rijo Astacio (Maestrico), así como de otros integrantes de esa otrora poderosa estructura criminal que se encuentran detenidos y uno prófugo.
De igual manera, los investigadores obtuvieron el historial delictivo existente en el Departamento de Justicia Criminal de Massachusetts, Estados Unidos, contra el referido oficial superior, donde figura registrado en los años 1994, 1995 y 1998, por usar una placa falsa de vehículo, violación a la propiedad privada (robo agravado), asalto y agresión doméstica a su esposa y porte de arma de fuego sin licencia.
Los investigadores, como resultado de las arduas labores investigativas y de inteligencia, elaboraron un organigrama de la estructura criminal y delictiva con la que alegadamente se reunía el teniente coronel Liriano Sánchez, en la finca de su propiedad desde el pasado mes de abril. Esta estructura delictiva es encabeza por el prófugo Salomón Eusebio Rosario (Piki), sindicado como un reconocido narcotraficante de la Región Este.
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