sábado, 30 de noviembre de 2013

Revelan número expedientes sobre medicina ilegal en RD

  • Ministro. Freddy Hidaldo reveló ayer el número de expedientes en poder del Ministerio de Salud Pública, referentes a medicina ilegal en el país.
Santo Domingo
El ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, reveló ayer que esa institución tiene abiertos  alrededor de 30 expedientes vinculados a la  medicina  ilegal en el país e informó que solicitó a la Procuraduría General de la República la asignación de un procurador adjunto exclusivo para el sector salud para hacer más ágil el proceso de enfrentar esa práctica.
Aseguró que existe una decisión firme de enfrentar esa problemática en el país, que pone en riesgo la vida de la población y que el Ministerio ha elaborado una estrategia que va a permitir que se vean resultados concretos. No quiso dar detalles de la misma para evitar que pierda el efecto esperado.
Dijo que además de los 30  casos abiertos contra falsificadores o comercializadores de medicamentos ilegales, el Ministro de Salud Pública  ha tenido  unos siete casos ya sometidos a la  justicia en los que ha tenido ganancia causa. En torno a los registros sanitarios pendientes de aprobación, el doctor Hidalgo, entrevistado en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, informó que desde su llegada al cargo se ha trabajado en el reforzamiento de la Dirección de Drogas y Farmacias, creando  un equipo adicional que trabaja casi 12 horas corridas.
Eso ha permitido, aseguró, que   de  7,000 expedientes de solicitudes, sobre todo de registros sanitarios, encontrados en espera de ser atendidos, hasta el momento sólo queden pendientes 1,500 que están previstos a ser entregados en su totalidad a más tardar en marzo del próximo año.  Al referirse al caso específico de Moca, provincia Espaillat, donde desde hace años funcionan puestos no autorizados de ventas de medicamentos,  el funcionario dio seguridades de que esa problemática se va a enfrentar.
Dijo que ha planteado que se modifique la legislación existente para que la penalización sea más drástica, tras considerarla como una práctica criminal.

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