El tribunal acogió así una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la Fundación Prensa y Derecho y condenó al Indotel al pago de una astreinte diaria en caso de incumplir la sentencia.
Mediante sentencia 447-2013, el tribunal instruyó, asimismo, al órgano regulador de las telecomunicaciones a remitir los denominados contratos de adhesión al Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), para que también realice la revisión correspondiente.
“Se condena al Indotel al pago de una astreinte de mil pesos diarios por cada día retardado en el cumplimiento de lo ordenado”, reza la sentencia firmada el pasado 22 de noviembre por los magistrados Rafael Ciprián, Mildred Hernández Grullón y Evelyn Torres de la Segunda Sala del Tribunal Superior Adminsitrativo.
La acción de amparo de cumplimiento fue interpuesta por el abogado Namphi Rodríguez en representación de la Fundación Prensa y Derecho el pasado tres de octubre para que el Indotel regule los contratos de adhesión de las empresas telefónicas y elimine las cláusulas abusivas en los contratos de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
El fallo recae también sobre Orange Dominicana, Claro-Codetel, Wind Telecom, Viva y Tricom, las cuales fueron representadas por los abogados Olivo Rodríguez Huertas y Flavio Dario Espinal. La defensa de Indotel estuvo encabezada por Juan Antonio Delgado.
Namphi Rodríguez, Belén Féliz, Román Jáquez y Jovany Matos, en representación de Prensa y Derecho, argumentaron que la regulación es un instrumento de intervención del Estado en los servicios públicos de telecomunicaciones que debe atender los derechos de los usuarios o ciudadanos.
Revelaron que luego de un estudio de la Fundación Prensa y Derecho se detectaron alrededor de 30 cláusulas abusivas que afectan los derechos de los ciudadanos al momento de contratar con una empresa telefónica.
Probaron ante el tribunal que dentro de esas cláusulas abusivas se encuentran disposiciones que implican renuncia o restricciones de los derechos de los usuarios en beneficio de las empresas telefónicas.
Citaron dentro de las cláusulas más gravosas aquella que obliga a los clientes a permanecer 18 meses atados a un servicio de telecomunicaciones o, de lo contrario, pagar altas sumas económicas por penalidades.
Explicaron que la existencia de esas estipulaciones constituye una seria violación de los artículos 53 de la Constitución, del 2 de la Ley 358-05, General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, así como de la propia Ley 153-98 de Telecomunicaciones.
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