De acuerdo a los denunciantes, encabezados por la exvicepresidenta de la República Milagros Ortíz Bosch, el préstamo se habría otorgado sin respetar las normas prudenciales que rigen el sistema bancario dominicano y que son aplicables al banco estatal.
Según Participación Ciudadana, los detalles de esta operación aprobada a cinco meses de las elecciones presidenciales del año 2012, revelan su clara intención política, no sólo por la cercanía de las elecciones, sino "debido a las manifiestas irregularidades que entrañaba, que fueron expuestas por los técnicos de la entidad a su Consejo de Directores, que a pesar de todo finalmente la aprobó, sin que la Superintendencia de Bancos haya cumplido con la misión que le otorga la ley".
"Las irregularidades cometidas en el otorgamiento del préstamo, su importante monto y la fecha en que este fue concedido, generan suspicacias sobre su verdadera motivación y su posible vinculación con el relativamente reñido certamen electoral de mayo de 2012, en el cual el partido de gobierno fue ya de por si beneficiado por un uso desmedido de los recursos del Gobierno", señala la entidad.
Basada en la denuncia de Ortíz Bosch y otros dirigentes del PRD, la agrupación indica que los técnicos del Banco de Reservas clasificaron el préstamo como D, lo que de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria implica que se trataba de un caso de "difícil cobro", e implicaba que la entidad bancaria debía provisionar el 60% de su valor".
Indica que además del desembolso por 15 millones de dólares que realizó, el Banco debía provisionar otros US$9 millones adicionales, a deducir de su patrimonio para fines de determinar su solvencia.
"En consecuencia, se trata de un préstamo que no generaba beneficios para el Banco y que en condiciones normales ningún banco hubiese aprobado", enfatiza la agrupación.
En referencia a la documentación presentada por los denunciantes, sostiene que "Igualmente se violentaron una serie de normas prudenciales, desde aceptar garantías inmobiliarias que no reunían las condiciones (y por tal razón la Comisión de Valuación del Banco dejó sin efecto sus tasaciones), hasta otorgar un préstamo en dólares a una entidad que no generaba dólares, requisito indispensable para que este tipo de préstamo pueda ser otorgado. El contrato revela igualmente un trato privilegiado pues se otorgó un plazo de gracia de dos años para el pago del capital a una empresa y su propietario que no eran clientes regulares del Banco",
Para Participación Ciudadana "Tanto los miembros del Consejo de Administración del Banco de Reservas que aprobaron esta operación, incluyendo al ex Administrador General, Vicente Bengoa, como el ex Superintendente de Bancos, Ivanhoe Ng Cortiñas, cometieron faltas inexcusables a sus responsabilidades, mientras que el deudor incurrió en una conducta claramente reñida con la ética y la moral".
"El actual Superintendente de Bancos, Rafael Camilo debe ordenar una inspección a esta operación y rendir un informe completo al país tanto de las irregularidades incurridas en el otorgamiento del préstamo como de su estatus actual, así como iniciar el proceso sancionador administrativo que corresponda", plantea la organización.
Participación Ciudadana sostiene en que "Este tema trasciende el caso del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, pues no cabe duda de que existen antecedentes en prácticamente todos los gobiernos de todos los partidos del mal uso del banco estatal, como ocurrió recientemente cuando en la campaña electoral pasada dicho banco otorgó préstamos para concluir obras públicas sin someterse al mandato constitucional de aprobación congresual, que tuvo que ser suplido posteriormente con una ley para regularizar esta situación".
La entidad concluye en que "Es hora ya de que cese el uso político del Banco de Reservas".
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