Brasilia, 30 abr (EFE).- El Gobierno brasileño anunció hoy nuevas medidas para intentar poner orden en la llegada de haitianos al país, mediante estímulos a su legalización y una mayor oferta de empleos y acceso a la salud y la educación públicas.
"Vamos a tener un nuevo tipo de organización para la entrada de los haitianos, a fin de atenderlos mejor y evitar a los 'coyotes'", como se conoce a las mafias que trafican con inmigrantes, declaró a periodistas el canciller Luiz Alberto Figueiredo tras reunirse con otras autoridades del Gobierno para analizar la situación.
Los haitianos comenzaron a llegar en forma masiva a Brasil en 2010, tras el devastador terremoto que arrasó esa nación antillana.
En las últimas semanas, unos 800 haitianos fueron trasladados desde el estado amazónico de Acre, por donde ingresan al país, a la ciudad de Sao Paulo, pero sin preparar un espacio para alojarlos, por lo que cientos de ellos fueron acogidos en una iglesia en condiciones caóticas.
De acuerdo a datos oficiales, Brasil otorga unos 1.000 visados por mes a los inmigrantes haitianos, pero aún así, según dijo hoy el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, actualmente unos 900 están en el país en situación irregular.
Figueiredo explicó que el Gobierno promocionará su decisión de acoger nuevos inmigrantes, pero que también intentará poner orden en el proceso, de modo que lleguen con sus correspondientes visados, que podrán tramitar en la embajada brasileña en Puerto Príncipe o en consulados situados en otros países.
El canciller explicó que el número de visados otorgados a los haitianos se ha duplicado en los últimos años e insistió en que el Gobierno brasileño desea "ayudar a que lleguen, pero de una manera normal, por los aeropuertos y puertos del país, por las fronteras, pero no en forma precaria, en manos de delincuentes".
Figueiredo dijo que, entre las nuevas medidas, se incluirá un análisis del perfil laboral de los inmigrantes, a fin de ayudar en su inserción en el mercado laboral, así como un amplio y rápido acceso a los servicios públicos de salud y educación. EFE
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