La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer la privación “arbitraria” del derecho a la nacionalidad de la que son objeto numerosas personas, principalmente de ascendencia haitiana, en República Dominicana.
La Comisión, cuya presidenta, la jamaiquina Tracy Robinson, presentó ayer ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA su informe anual, correspondiente a 2013, afirmó que las violaciones al derecho a la nacionalidad se han agravado debido a la sentencia emitida el pasado año por el Tribunal Constitucional.
“Como consecuencia de la sentencia, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos y dominicanas, que diversas fuentes estiman en más de 200,000 personas, han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad. Estas personas han visto violado su derecho a la personalidad jurídica, y viven sumidos en una condición de extrema vulnerabilidad”, apunta el informe.
En su Capítulo IV, donde analiza la situación de los derechos humanos en la región, la CIDH resaltó que durante su visita a República Dominicana, en diciembre de 2013, la Comisión recibió casi 4,000 denuncias y testimonios de ciudadanos afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional.
“Competencia interna”
“La determinación de quienes son nacionales sigue siendo, en general, competencia interna de los Estados; no obstante, esta facultad está limitada por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación, y por su deber de prevenir, evitar y reducir” que se generen apátridas, agrega el texto. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó una nueva interpretación para la obtención de la nacionalidad de las personas nacidas en el país que sean hijos de padres extranjeros en tránsito, lo que significó que personas que anteriormente habían sido reconocidas como de nacionalidad dominicana fueron desnacionalizadas.
“La determinación de quienes son nacionales sigue siendo, en general, competencia interna de los Estados; no obstante, esta facultad está limitada por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación, y por su deber de prevenir, evitar y reducir” que se generen apátridas, agrega el texto. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó una nueva interpretación para la obtención de la nacionalidad de las personas nacidas en el país que sean hijos de padres extranjeros en tránsito, lo que significó que personas que anteriormente habían sido reconocidas como de nacionalidad dominicana fueron desnacionalizadas.
La Comisión estima que la sentencia conlleva una privación arbitraria de la nacionalidad y tiene un efecto discriminatorio, “dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes”.
También señala que esa sentencia priva de la nacionalidad retroactivamente y genera apátridas.
Reformas
El documento de 2013 refleja por primera vez las reformas implementadas el año pasado al reglamento de la CIDH, que amplía el polémico capítulo IV para resaltar temas específicos que llaman la atención al organismo regional de derechos humanos.
El documento de 2013 refleja por primera vez las reformas implementadas el año pasado al reglamento de la CIDH, que amplía el polémico capítulo IV para resaltar temas específicos que llaman la atención al organismo regional de derechos humanos.
De esa manera, la Comisión destacó su preocupación por la situación de la libertad de expresión y la independencia judicial en Ecuador, el despojo de su nacionalidad a descendientes de haitianos en República Dominicana y las condiciones de los prisioneros en la cárcel estadounidense de Guantánamo en Cuba.
LOS TRES PAÍSES EN “LA LISTA NEGRA”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo a Venezuela, Cuba y Honduras en su lista negra por graves violaciones a los derechos humanos, en su informe anual difundido ayer miércoles, el primero tras las reformas acabadas hace un año.
La Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyó a los tres países en el Capítulo IV.b de su informe 2013, dedicado a aquellas naciones donde existen “violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos”. En Venezuela, incluida en la lista negra desde 2002, persiste la “fragilidad” y “falta de independencia” del poder judicial, debido a la provisionalidad de jueces y fiscales, y el “uso abusivo” del derecho penal. El informe recoge ataques contra periodistas y medios, el uso recurrente de cadenas de radio y TV por parte del presidente Nicolás Maduro, y el cierre de acceso a la información pública.
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