Los principales funcionarios del ministerio público en Santiago están de acuerdo en la necesidad de tomar medidas para separar y dispersar a los implicados en el atentado criminal contra el abogado y comunicador Jordi Veras, cuya sentencia en primera instancia fue evacuada el pasado martes.
Víctor González, procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, y Luisa Liranzo, fiscal, en declaraciones separadas, coinciden en la necesidad de adoptar medidas para dispersar a los responsables de esa trama contra el jurista.
González indicó que es necesario separar y dispersar a lo que define como una banda, que en la actualidad están juntos en Rafey de esta ciudad, como forma de evitar que desde allí puedan tramar contra ciudadanos.
No obstante, el funcionario judicial precisa que esa medida no puede ser adoptada por el ministerio público, sino que corresponderá al Juez de la Ejecución de la Pena y luego que el proceso sea un caso irrevocablemente juzgado.
Dijo que cuando eso ocurra su departamento puede emprender acciones para que esa área pueda tomar esa medida, como forma de evitar que el grupo permanezca relacionado y así evitar riesgos.
El procurador general de la Corte de Apelación indicó que por el momento se tomarán algunas medidas, que eviten que desde el centro de reclusión, el reo de mayor poder económico, Adriano Román, pueda planificar acciones en contra de ciudadanos contra los cuales tenga animadversión.
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