SANTO DOMINGO.-La Asociación Dominicana de Empresas Courier (ASODEC) calificó como quimeras los argumentos del director de Aduanas, Fernando Fernández, de que el Estado perderá RD$5,600 millones por no gravar las compras por internet por debajo de 200 dólares.
Asodec dice que Fernández al responder las interrogantes sobre el aviso de la institución que dirige de gravar las compras, ofreció otros datos sin ningún tipo de sustento, razones por las que advirtió prepara una serie de acciones que serán iniciadas en los próximos días, que se unirán a las ya depositadas por varias instituciones.
Explica, en una comunicación de prensa, que el presupuesto nacional establece claramente una proyección por debajo de los RD$2,200 millones por concepto de dicha exención y que las estimaciones de dicho costo fiscal son realizadas por el Ministerio de Hacienda, superior administrativo de la Dirección General de Aduanas, a quien ahora este último pretende desconocer.
Explica, en una comunicación de prensa, que el presupuesto nacional establece claramente una proyección por debajo de los RD$2,200 millones por concepto de dicha exención y que las estimaciones de dicho costo fiscal son realizadas por el Ministerio de Hacienda, superior administrativo de la Dirección General de Aduanas, a quien ahora este último pretende desconocer.
Asodec entendió pertinente reiterar que las empresas del sector courier no son beneficiarias ni de esta ni de ninguna exención fiscal, sino que, por el contrario, son empresas cuyo servicio está gravado de ITBIS, pagan Impuesto sobre la Renta, así como todas las demás cargas parafiscales que tiene el Estado.
Tildó de injustificable y abusivo que bajo argumentos de evasión y abusos de la exención se pretenda eliminar una exención al consumidor, cuando Aduanas tiene todas las herramientas legales y tecnológicas para controlar, detener y sancionar cualquier tipo de irregularidad que se produzca en el marco de la aplicación de la exención.En consecuencia, ASODEC reiteró que el interés en la medida no es de naturaleza recaudatoria, sino puramente comercial, impulsada abiertamente por la Organización de Empresas Comerciales (ONEC) y la Asociación de Industrias de República Dominicana, AIRD.
Reiteró, asimismo, que la medida viola disposiciones reglamentarias, legales, constitucionales y de acuerdos internacionales.
"El "aviso" contraviene directamente las disposiciones del Decreto No.402-05, de la Ley No.277-12, del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y, sobretodo, de la Constitución de la República", sostiene.
Detallaron que luego de la derogación establecida en la Ley No.277-12, el único mecanismo disponible para que la Dirección General de Aduanas pueda eliminar esta exención sería con la introducción de un nuevo proyecto de Ley ante el Congreso Nacional, único órgano que en virtud de la Constitución tiene capacidad para establecer nuevos impuestos.
Detallaron que luego de la derogación establecida en la Ley No.277-12, el único mecanismo disponible para que la Dirección General de Aduanas pueda eliminar esta exención sería con la introducción de un nuevo proyecto de Ley ante el Congreso Nacional, único órgano que en virtud de la Constitución tiene capacidad para establecer nuevos impuestos.
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