Evangélicos contra CorteIDH, a favor TC

Por EFE

El presidente de Codue, Fidel Lorenzo Merán.

Santo Domingo,  (EFE).- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) solicitó hoy al presidente Danilo Medina su intervención para discutir al más alto nivel el trato dado al país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cual, a su juicio, no tiene precedentes en la historia del hemisferio.

El presidente de Codue, Fidel Lorenzo Merán, consideró que la Corte ha perdido su rol de árbitro desde hace tiempo, al solicitarle al país que viole su bloque constitucional interno y exigirle otorgar un estatus migratorio privilegiado a miles de ilegales haitianos cuyos ascendientes tenían una situación migratoria irregular, que no existe en ningún país miembro de las Naciones Unidas.

Señaló, en nota de prensa, que las últimas expresiones de los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) fueron "desafortunadas" al sugerir que la sentencia 256/2014 del Tribunal Constitucional no tiene ningún efecto jurídico en el derecho internacional, contraviniendo los principios de la Convención de la Haya que otorga a cada Estado el derecho a decidir quiénes son sus nacionales.

"En la práctica, esa Corte no actuó con la prudencia necesaria. A ningún país dentro del esquema de la Organización de las Naciones Unidas se le ha exigido de manera conminatoria que acepte el estatus jurídico migratorio de personas cuyos padres tuvieron una situación migratoria irregular", expresó Fidel Lorenzo.

Respecto a que el instrumento tenía que ser ratificado en el Congreso Nacional, expresó que el Tribunal Constitucional hizo una correcta ponderación, ya que la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana para ser vinculante respecto al Estado dominicano, debió haber cumplido, pues, los requerimientos del artículo 37 numeral 14 de la Constitución de 2002, es decir: "aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo".

Merán estimó que el Congreso Nacional es el poder del Estado investido constitucionalmente para validar instrumentos internacionales que tengan competencia jurisdiccional sobre el país y que esto ha sido un principio del Sistema Interamericano.

Señaló que la aceptación de ese instrumento de aceptación transfería competencias jurisdiccionales que podrían lesionar la soberanía nacional, el principio de la separación de los poderes, y el de no intervención en los asuntos internos del país, normas invariables de la política internacional dominicana.  EFErs