martes, 13 de enero de 2015

ESTADOS UNIDOS Y REPÚBLICA DOMINICANA Tratado de Extradición incluye nuevas modalidades delictivas ACUERDO PERMITIRÁ EFICIENTIZAR APLICACIÓN DE LA LEY FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO

Santo Domingo
Una nueva historia de cooperación en materia del combate al crimen organizado se suscribe en el país.
Luego de 105 años, República Dominicana y Estados Unidos acordaron un nuevo Tratado de Extradición que permitirá eficientizar la aplicación de la ley frente a distintos delitos en ambos estados.
Esta renovación del acuerdo, sustituirá al vigente desde el 19 de junio de 1909, con la resolución de normativa 4960 y publicado en la Gaceta Oficial 2124 el 21 de septiembre de 1910. El tratado agrega nuevas modalidades delictivas en su aplicación como alta tecnología, terrorismo y sicariato.
El convenio establece en uno de sus artículos que los dos países se comprometen a entregar los imputados requeridos para enjuiciamiento o para el cumplimiento de alguna sentencia condenatoria, por “intento, conspiración o participación en la comisión de un delito en cualquiera que sea el grado”. También específica que un delito dará lugar a la extradición si conforme a la legislación de las dos partes, la pena de privación de libertad máxima aplicable es mayor de un año o una pena más severa.
Nuevos crímenes
El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, y el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster, coincidieron al firmar el acuerdo en un acto en la Cancillería, que debe ser ratificado, debido a que la realidad de las dos naciones que representan ha cambiado.
Sostienen que hay nuevas formas de crímenes y violaciones a las normas que organizan las sociedades, por lo que es evidente la necesidad de aplicar nuevos mecanismos y tecnología para someter a la justicia a los infractores.
“Esta ceremonia sirve para ratificar el compromiso de la República Dominicana y también el compromiso de los Estados Unidos de aunar esfuerzos para impedir que el crimen organizado pueda controlar los diferentes aspectos de nuestra vida”, puntualizó Navarro.
Indicó que este es un hecho que generará mucho más confianza a la población de República Dominicana y al pueblo estadounidense, frente a las acciones que ambos gobiernos desplegarán en los próximos años para ser más efectivos contra la delincuencia.
“Para que no tenga espacio en ninguna parte de la región y a nivel global, aquel que ha delinquido, que ha violado las normas locales y de otras naciones”, manifestó.
Mientras, el embajador estadounidense precisó que ese tratado, que entró en rondas de negociación en octubre de 2014, era una tarea pendiente desde hace mucho tiempo. “Desde el momento que entre en vigencia el tratado que rubricamos hoy (ayer) se amplía el alcance de los delitos que serán extraditables, al tiempo que establece las bases de procedimientos claros y contemporáneos de extradición”, puntualizó.
El diplomático enfatizó que el tratado permite perseguir el crimen organizado internacional, para lo cual se necesita de un sistema judicial y un estado de derecho fuerte.
Tanto el Canciller como el Embajador saludaron la labor que desde el ministerio público realiza el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien estuvo presente en la ceremonia, y sus esfuerzos para que se llegara a este acuerdo y por enfrentar con efectividad la criminalidad, “que tiene una dimensión internacional”.
Los alcances 
El tratado cuenta con  22artículos, a diferencia del de 1909, que consta de 14.
Estipula que son extraditables los imputados del delito de fraude o evasión fiscal, violación a los controles de importación o exportación de productos o dinero en efectivo, entre otros.
En tanto que no se concederá la extradición por delitos políticos o militares por asesinato, homicidio, lesiones corporales, dolo, violaciones sexuales con daños y el intento de conspiración.
Avances
A juicio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, este es un magnífico paso. “Creemos que se ha adelantado mucho en el instrumento y ha habido la oportunidad de incorporar los avances que en sentido general ha tenido este tema en el mundo y de manera particular, los avances que tienen que ver con nuestros cambios en la legislación procesal y en la misma constitución”, argumentó.

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