El regidor Eridson de los Santos Solís (Ney) se declaró ayer inocente de los cargos que ha presentado la Fiscalía en su contra. Son varios cargos. Su caso ha permitido conocer detalles de su vida en el sector sindical, poco conocida hasta ahora, como sus actividades vinculadas a los combustibles subsidiados.
Dos tipos de “facilidades” que le otorgaba el Estado dominicano contribuyeron al enriquecimiento ilícito del regidor Eridson de los Santos Solís ( Ney), según la acusación que le ha formulado la Fiscalía del Distrito Nacional, basada en documentos encontrados durante el allanamiento a su residencia y a testimonios de los choferes sobrevivientes a los ataques en los que murieron, al menos, seis de sus compañeros.
El millonario subsidio que entrega el gobierno a los sindicatos de choferes ha generado una mafia, que por el reparto del beneficio provoca violentos enfrentamientos, como ocurrió en el mes de enero pasado, por lo que se acusa al regidor de dirigir una banda de sicarios que se encarga de “sacar del camino a sindicatos contrarios”.
Precisamente, De los Santos, quien emigró desde San Juan de la Maguana a la capital para abrirse paso en la ciudad, se involucró en el mundo del transporte y terminó siendo “un comerciante”.
Es el dueño de una compañía que se dedica a la venta de combustibles a domicilio, cuya sede está en el kilómetro 20 de la autopista Duarte.
La Fiscalía cree que parte de ese combustible subsidiado va a parar a ese negocio, ya que el acusado es, además, presidente de la Asociación de Transportistas de Combustibles de la República Dominicana (La Sotracor).
Según reveló el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, los sindicatos del transporte reciben cada año cuatro millones 125 mil galones de combustibles en subsidios.
El pasado año, el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, entonces presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara alta, alertó sobre la forma en que empresas, sindicatos de transportistas y otros sectores estarían usando los combustibles subsidiados por el Estado, debido a que entiende se está violando la Ley 253-12.
Denunció que por falta de controles se está generando un trasiego que cada vez es mayor de esos hidrocarburos, porque se desarrolla un “mercado negro”.
Explicó que la comisión estaba a la espera de los informes “pormenorizados” que solicitó a los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio sobre las acciones para aplicar el artículo 19 de la Ley 253-12, para el Fortalecimiento Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
Además, pidió una relación de empresas que reciben exenciones, montos de los subsidios y los volúmenes de combustibles asignados a los sindicatos y transportistas y otorgó un plazo de siete días para que esas instituciones remitieran los documentos requeridos.
Otra facilidad
Durante el allanamiento a la residencia del concejal del PRD, quien es aspirante a diputado por la circunscripción electoral No. 5 de la provincia Santo Domingo, la Fiscalía ocupó 16 títulos provisionales del Consejo Estatal del Azúcar a nombre de varias personas.
Durante el allanamiento a la residencia del concejal del PRD, quien es aspirante a diputado por la circunscripción electoral No. 5 de la provincia Santo Domingo, la Fiscalía ocupó 16 títulos provisionales del Consejo Estatal del Azúcar a nombre de varias personas.
En la residencia, situada en calle Carretera Duarte Vieja, número 53, sector Eduardo Brito, Pedro Brand, también se encontraron contratos de alquiler suscritos entre su esposa, Dominga Yahaira Fernández, y particulares, copias de los cuales fueron aportados por la Fiscalía al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en su solicitud de medida de coerción contra De los Santos y otros dos policías, uno de los cuales huyó del país.
Según publicó un diario digital de Pedro Brand, en junio pasado, el regidor fue apresado junto a otras cinco personas en medio de un conflicto por unas 12 tareas de tierra, que alegaba eran de su propiedad.
Explicó el diario que fue apresado por una patrulla de policía al mando de un coronel, quien ordenó derrumbar una casa que construyó en los terrenos ubicados en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, que el regidor alegaba le habría comprado al CEA.
Luego de ser apresado, fue liberado con la encomienda de que tenía que presentarse ante la Fiscalía de ese municipio, a donde acudió, pero quedó libre.
La Fiscalía sospecha que el regidor incentivaba la invasión de inmuebles del CEA y luego les compraba los terrenos a sus “compañeros”.
El CEA tiene una inmobiliaria que vende terrenos “con vocación social” a particulares, y son comunes las invasiones de esos terrenos, que luego son “legalizados”.
Los investigadores también analizan otras circunstancias, sin que hasta la fecha tengan resultado; es la coincidencia de que los hermanos Omar y César Alejandro López Méndez, abatidos a tiros por la Policía, se refugiaran en una casa en el mismo sector, Eduardo Brito, y que para burlar a quienes los buscaban se hacían pasar por choferes del transporte público, de la ruta del kilómetro 22 al 28 de la Autopista Duarte.
La coincidencia que analizan es que cuando el interrogatorio de la fiscal, Yeni Berenice Reynoso, delante de su abogado, le preguntó si tenía rutas del transporte urbano o interurbano, el acusado respondió que sí, y explicó que cubren las rutas 22-28; 22-24.
El origen
Después de interrogar a todos los involucrados y varios testigos, la Fiscalía concluyó que los hechos se originaron el 14 del pasado mes de enero, cuando se produjo una acalorada discusión entre los dirigentes de los sindicatos de la Federación Nacional de Transportistas Peña Gómez ( FENATRAPEGO), y la Unión de Transportistas y Afines ( UNATRAFIN), a las cuales pertenecen SOCHOSOCRE I y SOCHOSOCRE II, , que aunque cubren la misma ruta pertenecen a entidades distintas. Dice la Fiscalía que UNATRAFIN ha querido apoderarse del corredor completo, lo que ha generado conflictos.
Después de interrogar a todos los involucrados y varios testigos, la Fiscalía concluyó que los hechos se originaron el 14 del pasado mes de enero, cuando se produjo una acalorada discusión entre los dirigentes de los sindicatos de la Federación Nacional de Transportistas Peña Gómez ( FENATRAPEGO), y la Unión de Transportistas y Afines ( UNATRAFIN), a las cuales pertenecen SOCHOSOCRE I y SOCHOSOCRE II, , que aunque cubren la misma ruta pertenecen a entidades distintas. Dice la Fiscalía que UNATRAFIN ha querido apoderarse del corredor completo, lo que ha generado conflictos.
“A raíz de estos problemas, haciendo uso de una práctica criminal que se ha materializado en todo el territorio nacional desde finales del año dos mil ocho, se asesina o se ejecuta a transportistas por diferencias o conflictos”, dice la fiscal del Distrito en sus conclusiones.
Dice que el imputado se reunió con los policías Amaury Cabrera Martínez y Félix Lora, a fin de planificar asesinatos de transportistas rivales; para de esa manera, a balas y sangre, poner fin a los conflictos que se venían sucediendo.
Contra el primero de los policías un juez de la instrucción dictó prisión preventiva, luego de que fuera apresado en el sector de Pedro Brand.
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ALEGATOS DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
REVELA ASPIRACIONES A DIPUTADO
El regidor Eridson de los Santos Solís, imputado como cabeza de una red de sicarios vinculada con el asesinato de varios sindicalistas, se declaró ayer inocente de los cargos en su contra y lo atribuyó el hecho a una persecución política por su aspiración a diputado por Los Alcarrizos.
ALEGATOS DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
REVELA ASPIRACIONES A DIPUTADO
El regidor Eridson de los Santos Solís, imputado como cabeza de una red de sicarios vinculada con el asesinato de varios sindicalistas, se declaró ayer inocente de los cargos en su contra y lo atribuyó el hecho a una persecución política por su aspiración a diputado por Los Alcarrizos.
El imputado dijo que la persecución en su contra se debe a que él aspira a diputado por la circunscripción número 5 y que cuenta con más del 85 por ciento de la simpatía.
El regidor por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo que reta a cualquier persona que haya dicho en su momento que él le haya puesto las manos a un ser humano en el país.
Al imputado se le acusa de participación en los asesinatos de Mateo Nieves, Overnys Guerrero (Limpiabotas) y Ángel Javier (Mayimbú), en cuyo hecho también resultaron heridos Eddy Francisco Sánchez, Manuel Emilio Romero Figuereo y Ramón Antonio Peña Beltré.
“Las acusaciones en mi contra son persecuciones políticas y sindicales”, acotó cuando era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad.
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