La Fiscalía del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública arribaron a un acuerdo con los imputados José del Carmen Cruz, Miguelina Martínez Adames, Michael José Cruz, Ana Luisa Cruz y Felipe Jesús Santos, a quienes se les imputa los delitos asociación de malhechores, falsificación de medicamentos, violación a la Ley General de Salud y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas graves.
José del Carmen Cruz y Felipe Jesús Santos se declararon culpables de los hechos, mientras que con relación a los demás imputados el Ministerio Público retiró la acusación en vista de su colaboración en el proceso de investigación.
Una nota de prensa señala que el acuerdo establece que a José del Carmen Cruz se le solicitará una condena de 10 años de prisión con cumplimiento de la pena condicional, en el entendido de que posee complicaciones médicas como insuficiencia renal crónica y diabetes según lo certifica el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Con relación a Felipe de Jesús Santos, acusado de complicidad, la sanción solicitada por la Fiscalía del Distrito será de un año de prisión.
De conformidad al acuerdo el imputado José del Carmen Cruz no podrá dedicarse a ninguna actividad vinculada al sector salud durante un periodo de 10 años. Además se le cancelaran los registros mercantiles y permisos para operar en el sector salud de 15 empresas, entre ellas: Centro de Diagnóstico Guaricano S.R.L, ExportPharma S.R.L, Guifar S.R.L, Yomifar S.R.L., Credijones Constructora Inmobiliaria S.A., entre otras.
Por igual el imputado le condonó a título de indemnización una deuda que tienen sus empresas de 10 millones 481 mil pesos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En lo que respecta al decomiso de bienes, todos los medicamentos secuestrados por el Ministerio Público, tanto vencidos como por vencer, quedarán decomisados para proceder a incinerar los medicamentos y en con referencia a los equipos utilizados para fabricación de los productos farmacéuticos la Fiscalía dispondrá de ellos según su consideración y la del Ministerio de Salud.
La Fiscalía determinó que el 51.5 por ciento de los bienes eran de origen ilícitos y que en tal sentido se decomisarán en beneficio del Estado para ser distribuidos conforme a la Ley de Lavado de Activos. Se retuvieron más de 100 millones de pesos en certificados financieros, 14 inmuebles y 7 vehículos.
En lo concerniente a los equipos eléctricos secuestrados, la Fiscalía pactó que los mismos serán distribuidos conforme a los porcentajes del acuerdo.
Además, el Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de una multa de un millón 500 mil pesos.
La procuradora fiscal titular, magistrada Yeni Berenice Reynoso, manifestó su preocupación con el comercio de medicamentos adulterados en República Dominicana. “Este es uno de los procesos que más seguimiento le ha dado la Fiscalía por la gravedad del mismo y por ser el caso más relevante del país en materia de medicamentos adulterados” expresó la fiscal.
Agregó que a partir de este proceso la Fiscalía ha iniciado una serie de diligencias de investigación que han llevado al Ministerio Público a desmantelar otras redes de falsificación de medicamentos.
“Es importante que quienes operan en el comercio de la adulteración y falsificación de este tipo de productos reciban el mensaje de que serán sancionados penalmente, que sus bienes serán decomisados y que a sus empresas se le cancelarán los registros mercantiles y los permisos para operar” puntualizó Reynoso.
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