La Junta Central Electoral (JCE) dejará de cobrar desde el próximo martes las legalizaciones de actas del Registro del Estado Civil, como un primer paso que les llevará luego a desmontar por completo esta práctica.
La medida reducirá los ingresos de la JCE en 350 millones de pesos por año, que significarán, según Roberto Rosario, presidente de la institución, un ahorro directo a los bolsillos de los ciudadanos por esa cantidad de dinero.
Rosario también anunció que desde ese mismo día las actas del registro civil estarán disponibles para los ciudadanos en cualquier oficina de la Junta Central Electoral, por lo que desaparece la norma de búsqueda de informaciones vitales en las oficinas en las que fueron registradas.
El presidente de la institución electoral dijo que se trataba de una deuda que tenía la JCE con los ciudadanos, porque los ponía a pagar por una debilidad en la fiabilidad de los documentos que emitía la misma entidad.
Para concretizar este esfuerzo, las oficinas de bancos comerciales, de oficinas consulares y de instituciones públicas que son las que piden las legalizaciones de actas, serán orientadas para que instalen una aplicación informática que les ayudará a confirmar los datos vitales de los ciudadanos.
La medida
El costo de las actas del registro iba desde cien hasta 400 pesos, y cada día iban a las oficinas de la institución cerca de unas 15 mil personas en procura de los servicios que ofrecen las Oficialías del Estado Civil.
El costo de las actas del registro iba desde cien hasta 400 pesos, y cada día iban a las oficinas de la institución cerca de unas 15 mil personas en procura de los servicios que ofrecen las Oficialías del Estado Civil.
Las actas más comunes que solicitan los ciudadanos para ser legalizadas son las de matrimonio y las de nacimiento.
Este trabajo sería una muestra de confianza en el servicio que ofrece la entidad, pero también una mayor responsabilidad sobre los oficiales civiles, aseguró Rosario, que ahora tendrán que poner mayor atención y responsabilidad en sus funciones.
La medida obligará a una especie de reingeniería del personal que labora en las oficinas del registro civil, y que se dedicaban a las labores de expedición y confirmación de las legalizaciones de las actas con informaciones vitales y primarias de los ciudadanos.
El presidente de la JCE también reveló que solo restan 600 mil dominicanos por tener anexado en su archivo sus números de acta, una cifra que equivaldría a menos del 10 por ciento de la ciudadanía general. Dijo que buscan reivindicar la consigna de “un acta, una cédula, un voto”.
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