A propósito de la constante petición de algunos sectores de regular el proceso electoral en el tema de financiamientos, el abogado Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, señaló este domingo en Los Sabios en La Z, que habría que preguntarse de qué vale hablar de una ley de partidos nueva “si no la vamos a cumplir”.
Calificó de irrisoria la disposición de la Junta Central Electoral de suspender por tres meses el uso de los fondos del barrilito y cofrecito en la Cámara de Diputado y en el Senado, alegando que la medida sería por la equidad durante la campaña electoral, cuando la Constitución establece que el Congreso solo tiene dos funciones: legislar y fiscalizar.
“Eso crea el ventajismo que el PLD fundamentó; ese tema define ventajismo siempre, no solo en campaña electoral”, explicó Pancho Álvarez y, agregó que eso debería ser eliminado de manera definitiva.
Invitó a leer en la web www.iom.edu.do un trabajo de investigación titulado: “Ley de financiamiento, género y selección de candidatos”, donde sale a relucir que solo República Dominicana y El Salvador no tienen sanciones por acciones pecuniarias para financiar campañas políticas.
Destacó que la JCE tenía poder reglamentario desde el 2010 otorgado por la Constitución y, que esto tiene un impacto específico.
“Ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2014, desde allí se aprecia que la JCE ha sido configurada como un órgano autónomo, goza de personalidad jurídica propia, posee iniciativas legislativa en materia electoral y tiene capacidad reglamentaria de tipo general que lo establece la parte capital del art. 212 y yo digo, que tiene capacidad reglamentaria específica en el párrafo 4 cuando dice que reglamentará para garantizar los principios de equidad los tiempos y límites de la campaña y los gastos de la misma”, manifestó.
Recordó que el art. 74, en el punto 2, establece que sólo por ley en los casos permitidos por la Constitución se podrá regular el ejercicio de las leyes fundamentales, “y en eso se basa la JCE; eso es cierto siempre y cuando la propia Constitución no le haya dado un mandato expreso a ese órgano”.
Expresó que la propia ley actual tiene un párrafo que dice que la JCE tiene la facultad para anular cualquier operación e incautar provisionalmente con el auxilio de la fuerza pública cualquier uso indebido de los recursos del Estado.
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