Santo Domingo
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió hoy la intervención del Estado dominicano con relación a los empresarios del transporte, a fin de que sea investigada la procedencia de sus bienes.
El vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que la Dirección General de Impuestos Internos y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos deberían intervenir para saber cuál ha sido el origen de la acumulación de esos bienes, ya que esas asociaciones choferiles, y no sindicales, se han convertido en un emporio.
“Hay que investigar cómo usted acumuló, y sobre la base del fruto de como usted construyó eso” dijo.
Destacó que el Estado es el principal responsable de lo que se está viviendo a lo interno de las organizaciones relacionadas con el tránsito, tras mostrase de acuerdo con el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien al momento de dictar medida de coerción en contra de Blas Peralta, expresó que el Estado era culpable porque le daba mucho poder a los dirigentes choferiles y ellos se creían por encima de la ley.
Castaños Guzmán dijo que Estado es quien tiene la autoridad y el deber de someter al orden a los sectores del transporte, pero que, por el contrario, ha venido con unos niveles de complicidad que han traído como consecuencia sucesos como lo ocurrido con el asesinato del exrector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet y de varios choferes del transporte, en cuyos hechos se vinculan al presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo y al regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solis.
Lamentó que haya tenido que llegar hasta esta situación presentada con la muerte Aquino Febrillet, y dijo que si no frenan eso, la situación se va a desbordar y se van a desatar olas que el propio Estado no va a poder contener.
El vicepresidente de la FINJUS se expresó en esos términos al participar en una mesa redonda sobre seguridad y justicia, donde participaron integrantes de la defensoría pública.
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