La Procuraduría Especializada de Salud informó ayer que inicia hoy las investigaciones en torno al informe que le envió el Ministerio de Salud Pública sobre el “rebote” que hicieron algunas clínicas al excombatiente Claudio Caamaño, para determinar si procede o no un sometimiento judicial.
El procurador especializado de Salud, Rafael Brito, adelantó que ya comenzaron a dar algunos pasos y que luego que concluyan decidirán si procede algún procesamiento judicial. Brito enfatizó que dependerá de las indagatorias que realicen y que complementen con lo que ya hizo el Ministerio de Salud Pública.
“Hoy (viernes) hemos hecho algunas llamadas y hemos conversado inclusive con una de las personas vinculadas a uno de esos centros, estamos en la fase de construcción de una línea investigativa que se va a comenzar a ejecutar mañana mismo (hoy)”, puntualizó.
Brito precisó que específicamente Salud Pública los apoderó de las inobservancias atribuidas en un informe de una comisión técnica al centro regional Aguasvivas, de Baní, y de Cedimat, en la capital, porque no brindaron asistencia médica apropiada al exguerrillero, quien sufrió un accidente y falleció luego a causa de las lesiones.
Pero precisó que no descartan acercarse o requerir informaciones en otros que estuvieron en la cadena de asistencia, recepción o de “rebote”, como se le ha llamado.
“La investigación se amplía, escuchamos, entrevistamos o procuramos contactar a cualquier persona que pueda aportar y que ese aporte sirva para asumir cosas o descartar cosas”, expresó.
Brito sostuvo que están organizando el expediente para comenzar las investigaciones que le corresponden al ministerio público.
Derechos de los pacientes
El procurador especializado de Salud manifestó que la ley de Salud Pública le da derecho a los ciudadanos de ser atendidos de manera adecuada y oportuna en las emergencias de los centros sanitarios.
“Si yo tengo derecho a que me atienda en la emergencia de un centro sanitario eso implica que el centro sanitario está en la obligación de prestarme la asistencia so pena de incurrir en una falta o violación a la ley que no puedo decir que este sea el caso”, manifestó.
Un informe de una comisión de Salud Pública determinó que hubo inobservancia de algunos centros de salud en el caso del excombatiente Claudio Caamaño, quien falleció el pasado mes luego de no recibir asistencia en algunos centros médicos después de sufrir un accidente de tránsito.
La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) alegó ayer irregularidad en el proceso que utilizó el Ministerio de Salud Pública para apoderar al ministerio público del sometimiento de las clínicas que supuestamente actuaron con negligencia en el caso de la muerte de Claudio Caamaño, por lo cual entienden que es nulo.
En un comunicado, los médicos y propietarios de clínicas privadas aseguran que en “la publicación que Salud Públicarealizó en los medios de prensa, no expresó cuál o cuáles centros de salud serían sometidos, por la supuesta comisión de hechos, presuntamente punibles”.
Resaltan que tampoco se ha precisado si se va a iniciar un procedimiento administrativo sancionado o un sometimiento penal, para lo cual también debe notificársele a los centros médicos que presuntamente vulneraron la ley y cuáles artículos del Código Penal y la Ley General de Salud.
Mientras, Rodolfo Aguasvivas, director del Centro Médico Regional Aguasvivas de Baní, uno de los centros señalados en el informe, dijo ayer que el sometimiento de Salud Pública está fundado sobre un informe que no luce completo.
LA DIDA RESPALDA DECISIÓN DE SALUD
La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) respaldó ayer la decisión del Ministerio de Salud Pública, de sancionar a los centros hospitalarios que no prestaron la asistencia debida al exguerrillero Claudio Caamaño en situación de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico.
En un comunicado de prensa, la entidad manifiesta su aprobación a la recomendación del ministerio a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que, en el caso de los afiliados al Sistema de Seguridad Social, la atención no espere la autorización de un seguro de salud.
Indica que ambas medidas deben contribuir a que los centros de salud suspendan el rebote de pacientes y cumplan los mandatos de la Constitución de la República y las leyes General de Salud 42-01 y la 87-01 de Seguridad Social que garantizan el derecho a la vida y la salud de la población. “Esta decisión de Salud Pública es un aviso que debe servir de alerta a las prestadoras de servicios de salud”, agregó.
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