Miguel Franjul
Luego de una larga espera de tres años, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuló, a principios de este año, siete artículos de la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, desmantelando parcialmente el entramado de sanciones penales contra los llamados delitos de palabra que rige desde el 1962, acogiendo así un recurso de inconstitucionalidad incoado por tres diarios con el respaldo de los demás medios impresos que pertenecen a la Sociedad Dominicana de Diarios.
Si bien es cierto que el recurso de inconstitucionalidad abarcaba más artículos de dicha ley así como del Código Penal que se consideran inhibitorios de la libre emisión del pensamiento, la prensa Dominicana, en sentido general, acogió el fallo del alto tribunal como una primera victoria y decidió seguir luchando para el desmonte total de los artículos lesivos aún vigentes en ambas leyes.
Con este fallo, se anula el llamado “efecto cascada” por medio del cual el director de una publicación era considerado autor de un delito de difamación e injuria que hubiese sido responsabilidad de un tercero y que se comprobase en juicio, así como aquellos artículos que impedían a los medios publicar “denuncias o declaraciones dubitativas” que fuesen lesivas al honor de una serie de funcionarios públicos y diplomáticos, lo que francamente constituía una censura previa.
No obstante este veredicto del Tribunal Constitucional, todavía predominan en el Código Penal bajo revisión otros artículos que penden como Espada de Damocles sobre la garganta de la libertad de expresión, contra los cuales seguiremos insistiendo para que sean eliminados del ordenamiento jurídico dominicano y los medios de comunicación puedan ejercer su misión sin estas cortapisas.
Si bien la prensa se ha liberado de estas rémoras, es un hecho preocupante la recurrencia con que reporteros y foto-reporteros o comentaristas de radio y televisión sufren agresiones físicas o amenazas o se exponen a presiones de todo género, una tendencia en auge en los últimos años, coincidiendo con el incremento de las actividades del crimen organizado, los pandilleros y los delincuentes comunes.
Los excesos que cometen agentes policiales o militares, entre ellos escoltas de funcionarios públicos, se han hecho frecuentes en el momento en que se producen disturbios callejeros, en algunos juicios controversiales en los tribunales o en actos públicos masivos.
Recientemente, los periodistas Danny Polanco y Socorro Monegro, fueron heridos por disparos de escopetas y bombas de agentes policiales durante violentos enfrentamientos en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y frente a una oficina gubernamental contigua al Palacio Nacional. El autor de los disparos que hirieron al periodista Polanco, haciéndole perder la visión de un ojo, fue dado de baja y sometido a la justicia mientras al comandante de la tropa lo penalizaron con varios días de arresto.
En este semestre, las amenazas de muerte contra varios periodistas de provincias han menudeado en la medida en que estos denuncian, por sus medios, sean digitales, televisivos, radiales o impresos, supuestos casos de corrupción en el manejo de recursos públicos en alcaldías, gobernaciones provinciales o dependencias del gobierno, o cuando difunden notas sobre las pandillas y los sometimientos de delincuentes en los tribunales.
En otro episodio que mereció la condena unánime de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad Dominicana de Diarios y la mayoría de los medios de comunicación, la embajada de los Estados Unidos en el país impidió el ingreso de los periodistas de Diario Libre a una actividad a la que fue invitada la prensa.
El diario atribuyó ese discrimen al hecho de que haber publicado una fotografía en la que aparece el embajador James-- Wally--Brewster, quien es gay, junto a su “esposo”, bañándose en la piscina de la sede diplomática en la celebración del “día del orgullo gay” junto con varias personas. Los ejecutivos del periódico comunicaron oficialmente su queja al Departamento de Estado.
Estas restricciones al acceso a la información de asuntos de interés público y social, dijo en su momento la SIP, la censura y la discriminación a la libertad de los periodistas es totalmente contraria a lo contemplado en tratados internacionales, en la Declaración de Chapultepec, en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA y, adicionalmente, es contraria a los preceptos básicos de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe las restricciones de cualquier gobierno sobre las libertades de expresión y de prensa.
Por otro lado, y pese a la insistencia con que la prensa ha reclamado el esclarecimiento del asesinato del periodista Blas Olivo, hace justamente un año, las investigaciones parecen haber caído en un punto muerto lo que hace temer que, al no completarse la investigación y reunir todas las pruebas, el expediente sea archivado en los tribunales.
Tras el asesinato del periodista, cinco de los 19 sospechosos fueron abatidos a tiros por la Policía en distintos “enfrentamientos” mientras seis oficiales policiales y militares, que debían cumplir medidas de coerción en distintas cárceles del país, han sido excluidos del expediente, lo que acentúa las preocupaciones de que el crimen pueda quedar impune.
Distinto a este proceso, las autoridades dominicanas han anunciado esta misma semana que se iniciaron los trámites formales para la extradición del dominicano Matias Avelino Castro, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista José Silvestre, ocurrido en la ciudad de La Romana, en 2011, hecho por el cual fueron condenados a 30 años de prisión dos personas. Avelino Castro se encuentra detenido en Colombia, aguardando su traslado a este país.
Muchas gracias,
Vicepresidente de la Comisión de Libertad
de Prensa de la SIP para la República Dominicana
Vicepresidente de la Comisión de Libertad
de Prensa de la SIP para la República Dominicana
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