Dos diputados electos en los comicios del pasado 15 de mayo han sido acusados en el pasado de lavado de activos y tráfico de drogas, siendo incluso procesados por tribunales de República Dominicana y de Estados Unidos.
Los futuros legisladores son Franklin Romero y Sergio Moya de la Cruz, que habrían ganado asientos en el Congreso Nacional en representación del Distrito Nacional y de la provincia Duarte, de acuerdo con los resultados provisionales de la Junta Central Electoral (JCE).
Moya de la Cruz, conocido como Gory, electo por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, fue acusado en julio de 1998 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de lavar unos US$300 millones junto a otras 14 personas.
En marzo del año 2000 tanto Moya como otras tres personas fueron descargadas “por insuficiencia de pruebas” por la Segunda Cámara Penal, a la cabeza de la jueza Ilsis Muñoz. Durante el proceso judicial, el representante del ministerio público fue Germán Miranda Villalona, procurador adjunto en materia de lavado de activos de la Procuraduría General de la República.
Villalona pidió que el hoy político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fuera condenado a ocho años de prisión. “La jueza dijo que si bien es cierto que la íntima convicción es una facultad del juez para evaluar el derecho y los motivos de un caso, no menos cierto es que la decisión debe estar basada en pruebas que según la sentencia no fueron aportadas por el representante del ministerio público”, según consta en una publicación del periódico El Nacional, suscrita por el periodista Pedro Castro, el viernes 24 de marzo del año 2000.
En marzo de este 2016, el hoy procurador adjunto Miranda Villalona declaró que se investigaba a entre 10 y 20 candidatos a puestos electivos en las pasadas elecciones por presuntamente tener algún tipo de vinculación con lavado de dinero y la venta de narcóticos. Aun se está a la espera de los resultados de la investigación.
El caso del futuro diputado Franklin Romero se conoció en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, luego de que fuera detenido en Panamá cuando iba a abordar un crucero en 2011. Se trata del dueño del sello discográfico Premium Latin Music, que firmó al desaparecido grupo bachatero Aventura.
Romero habría sido condenado a un año de prisión probatoria tras admitir que facilitó comunicaciones con la intención de distribuir sustancias narcóticas controladas. La publicación sobre su condena se produjo en el año 2012, firmada por el periodista Fausto Rosario Adames para Acento.com.do. La condena suponía una libertad supervisada y fue emitida por el juez Lawrence McKenna, del Distrito Sur en la ciudad de Nueva York.
El nombre de Sergio Moya también surge en los interrogatorios de Winston Rizik Rodríguez, otro acusado de narcotráfico, quien habría declarado su enemistad con Jesús Pascual Cabrera porque se opuso “a que mate a un amigo suyo de nombre Sergio Moya, lo que provocó que fuera objeto de varios atentados para asesinarlo”, según recoge el diario El Caribe el 8 de septiembre de 2014, a la firma de Genris Agramonte.
“Él me hizo un atentado y tiene miedo de que yo tome represalia porque me opuse a que matara a un amigo mío, a Sergio Moya”, dijo Rizik Rodríguez según recoge el periódico en esa fecha.
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EL LLAMADO Y LA RESPUESTA
Germán Miranda Villalona hizo una denuncia y pidió a la JCE y a los partidos políticos que tuvieran mayor control en cuanto a la transparencia de quiénes financian las candidaturas y de quienes aspiraban a los puestos públicos. “Estamos advirtiendo la posibilidad de una amenaza de lo que podría ser la penetración en el financiamiento de los partidos y la campaña por grupos o carteles del crimen organizado”, declaró el procurador adjunto.
EL LLAMADO Y LA RESPUESTA
Germán Miranda Villalona hizo una denuncia y pidió a la JCE y a los partidos políticos que tuvieran mayor control en cuanto a la transparencia de quiénes financian las candidaturas y de quienes aspiraban a los puestos públicos. “Estamos advirtiendo la posibilidad de una amenaza de lo que podría ser la penetración en el financiamiento de los partidos y la campaña por grupos o carteles del crimen organizado”, declaró el procurador adjunto.
La denuncia de Villalona se produjo justo al cierre del plazo de inscripciones de candidaturas, a lo que el presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo que les era ya imposible sacar de los listados de candidatos a personas que no hubiesen sido condenadas.FUENTE LISTIN DIARIO
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