Santo Domingo
La Cámara de Diputados convirtió en ley este mediodía el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, luego de que fuera declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas.
El proyecto ya había sido aprobado por el Senado y pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La pieza fue ponderada por el presidente de la Comisión Interior y Policía de ese hemiciclo y vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez, quien explicó que en el proyecto se plantea una nueva metodología de investigación y mejorar la proximidad con la población.
El proyecto contempla también una reducción del Consejo Superior Policial, que está bajo la dirección del Ministerio de Interior y Policía.
El mismo reduce de 17 a ocho los miembros del Consejo Superior Policial (CSP(, siete con derechos a voz y voto y uno solo a voz, que lo será el consultor jurídico, que hará las veces de secretario.
Consigna, además, un tope en sus filas de 20 generales, y establece que no se prestará servicio policial a personas físicas o morales ni a establecimientos comerciales, si no se determina que están en grave peligro.
Propone que se deje de llamar “Jefe” al titular de la Policía, y se denomine “Director General”, quien desempeñará el cargo durante dos años, y al cumplir ese período, pasará automáticamente a situación de retiro.
Una vez promulgada la ley, se le otorgará al Presidente de la República un plazo de 24 meses para que haga los ajustes sobre la cantidad de generales y coroneles activos en la Policía.
Además, fortalece la investigación del departamento de Asuntos Internos para vigilar el comportamiento de los agentes y evitar los abusos y los excesos de los policías.
“Esta ley viene a darnos una policía renovada, crea el marco de regulación para una policía operativa”, apuntó Báez.
Este proyecto era muy esperado por la sociedad dominicana que está presa del miedo y el terror de la criminalidad que nos arropa a todos”, agregó.
De su lado, Vinicio Castillo dijo que el proyecto tiene algunas incongruencias, sobretodo que los artículos 38 y 39 del mismo plantean la posibilidad de que se nombren ciudadanos independientes para hacer investigaciones, que hasta ahora es un monopolio del Ministerio Público.
Alega que con esto se estaría violando la Constitución y el Código Penal, ya que cualquier investigación debe estar bajo la rectoría del ministerio público.
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