Santo Domingo
Al procurador Francisco Domínguez Brito, quien ha mostrado una alta sensibilidad por los atropellos sociales y solidaridad con los casos de personas vulnerables a los abusos, lo abordamos en su despacho con el tema de los prófugos. ¿Qué va a hacer la justicia dominicana para resolver este problema y garantizar la vida de los ciudadanos en riesgo de actos delictivos? Y debajo de la manga nos sacó esta carta: “Eso va a dar un giro de 180 grados”. Esta es la entrevista:
¿Cuántos prófugos hay en las calles?
No tenemos la cifra exacta, pero pronto la tendremos porque la justicia dominicana experimentará un cambio sustancial a partir del 31 de julio cuando iniciemos el registro diario y electrónico, en tiempo real, de todas las personas que huyen de la justicia, de modo que le será imposible liberarse de un sometimiento y responder por sus actos. Con ayuda de la Junta Central Electoral tendremos un control biométrico (civil y criminal) y así el que no tenga cédula o diga que no la tiene quedará registrado y ya no podrá ocultar su identidad.
¿Qué se espera lograr con esto?
Que el que tiene que estar preso esté preso y el que realmente tenga que estar suelto lo esté. Mira, aquí hay un problema que viene de la legislación anterior y la actual legislación; un problema de hecho y uno de facto. Lamentablemente en el aspecto normativo todas las personas que salen en libertad provisional, ya sea con fianza, hábeas corpus, o cualquier otra medida, no vuelven a entrar en el sistema para que se les conozcan juicios.
¿Quién permite o impide que esto suceda?
Nadie en particular. Es asunto de la legislación vigente, que es obsoleta. Con el viejo Código las fianzas eran obligatorias. Estas personas jamás obtenían una sentencia y existía lo que le llamábamos la “contumacia” y muchos de ellos nunca volvían a cárcel. Ya no existe la “contumacia”, pero sigue ocurriendo lo mismo porque se sigue poniendo la fianza a un imputado, lamentablemente el sistema no logra perseguirlo, por muchas razones, al estar en libertad el victimario, las víctimas no van a los juicios por temor a nuevos ataques y se caen los expedientes.
¿Por eso es que hay tantas reincidencias de criminales, ladrones, atracadores y narcotraficantes?
Claro. Es como te digo, un problema del sistema, lo que es sumamente preocupante porque debido a un asunto de practicidad la justicia se ocupa más de los acusados que están detenidos en las cárceles que los que están en libertad condicional bajo fianza y al final se mantiene la vieja cultura del Código anterior.
¿Y por eso también una persona puede tener numerosas fichas?
Sí. Una persona puede tener varias fichas cuando le dan fianza porque mientras está libre en las calles puede cometer otros actos y ser atrapado y fichados nueva vez. ¿Cuál es la debilidad aquí? Que cada juez evalúa el caso de manera particular y no observa el antecedente. Por eso nosotros estamos pidiendo que en los casos de robos, atracos y armas ilegales no haya fianzas. Esa es de las prioridades que tenemos. Todos los fiscales tienen orden de pedir prisión en estos casos. Ahí viene la discusión de la defensa pública que dice que debe actuar bajo la presunción de inocencia y pide libertad condicional, y nosotros pedimos prisión mientras se confirma el hecho para no arriesgar a más personas a ser víctimas de ellos.
¿Se venden los defensores públicos?
No creo. En sentido general son gente seria que piensa que lo está haciendo bien profesionalmente, aunque defiendan delincuentes. Ese es su trabajo, el de abogado defensor, y su interés es ganar el caso.
¿En relación a los prófugos, por qué no los persiguen con mayor rigor?
Desde el punto de vista fáctico real, la ausencia de algunos mecanismos constantes y sistemáticos para buscar a estas personas dificulta la labor. Estamos concentrados en eso porque hay prófugos y rebeldes, unos que desaparecieron desde que el tribunal dio la libertad condicional y otros que se han escapado de las cárceles y los estamos buscando. La realidad es que muchas de estas personas son peligrosas porque han cometido uno, dos, tres fechorías y necesitamos que estén donde tienen que estar.
¿Cuál es el plan de la Procuraduría para resolver este problema?
Sustituir el sistema Justicia 1 por Justicia 2 y dar un paso de avance. ¿En qué consiste esto? En automatizar toda la información del área penal: Tomar la información existente, la que se hacía manual del viejo sistema, actualizarla e introducirla en la nueva plataforma digital, y continuar alimentándola con los casos que lleguen, manteniéndola al día siempre. En estos dos últimos años hemos estado rediseñando el sistema operativo del área penal, unificando el sistema de expedientes desde el inicio del caso hasta las prisiones.
¿Quién manejará o supervisará que la información sea precisa?
El Ministerio Público tiene la mayor responsabilidad, la Policía se encargará de proporcionar los datos de manera electrónica y serán verificados por nosotros. La jefatura de la Policía acaba de designar a un coronel, dentro de la DICRIM, que tendrá la misma responsabilidad nacional de trabajar con el nuevo esquema conectado con la Policía de búsqueda de prófugos. ¿Qué significa esto?, que en cada jurisdicción o distrito judicial, dependiendo el tamaño de la provincia habrá 2, 3, 5 o 10 agentes solo para buscar a las personas con órdenes de arresto.FUENTE LISTIN DIARIO
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