Adujo que todo en la vida tiene un tiempo, donde “nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y que los generales policiales tenemos que estar conscientes de que ha llegado un tiempo que debemos darles paso a las nuevas generaciones”.
Rosario señaló que la nueva Ley no ha establecido que se inicie una casería en contra de los generales, y que para eso, la legislación da un plazo de dos años, a partir de ahí vendrán un desmonte en base a los generales que cumplen con los requerimientos de la Ley.
Añadió que los generales que tienen 40 años máximos en la Institución y 60 años de edad serán los primeros que van recibir su pensión., es decir, no serán cancelados, sino que es un premio al trabajo y un reconocimientos de su labor realizada.
Apuntó que en dos deberán quedar 20 generales de los 51 que hay en la Institución.
Indicó que la propia Ley tiene algunos transitorios, en la que da unos plazos de seis a un año para su entrada vigencia.
Explicó que seis meses para la elaboración de los reglamentos de aplicación de diferentes áreas e incluyendo el reglamento general y dos años para el desmonte del numero de generales, que deberá ser reducido a 20.
También, dijo que la Ley tiene como novedad la reivindicación para la Policía Nacional de la protección de las áreas turística. Eso implica la creación de la Dirección Turística de la Policía para sustituir Policía Turística (CESTUR), que está establecido en la Ley 137, párrafo 4, de las Fuerzas Armadas.
Igualmente, expresó que la Ley deja sin efecto las disposiciones creadas en la Ley 133 del Ministerio Público creaba la Policía Técnica Judicial y establecía que los miembros de investigación de la Policía debían pasar bajo el control del Ministerio Público.
Señaló que en la Ley también se delimitaron las funciones de investigaciones estableciendo, dándole las funciones Constitucional que tiene la Policía Nacional de investigar los casos con características penales bajo la dirección legal del Ministerio Público y partir de la entrega de las diligencias policiales o preliminares entonces pasa hacer como ha sido siempre, auxiliar de la Justicia para dar cumplimiento de los requerimientos que demanda ese órgano.
Sobre el recurso de inconstitucionalidad que someterá el jurista Cándido Sismó de que hay algunas disposiciones sobre asunto de salario y pensiones que afecta a los agentes, el portavoz de la Policía dijo que eso es unos derechos que tiene él y cualquier otros abogados al Tribunal Constitución.
Añadió que cualquier decisión del Tribunal Constitucional será acatada, porque los fallos de este órgano judicial no son oponibles ni recurribles.
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