El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, manifestó este lunes la necesidad que se promulgue el Código Penal Dominicano y se cree una ley especial para discutir el aborto, puesto que a su juicio ese instrumento no debe seguir de “rehén” del tema.
“Estamos en el mismo punto donde nos encontrábamos hace un año, el Congreso Nacional aprobó el Código (Penal) sin ningún tipo de miramiento, de manera radical, obedeciendo a presiones y no estableció una puerta de salida para este tipo de situaciones porque nada es absoluto en esta vida”, manifestó el entrevistado en "El Gobierno de la Mañana".
En ese sentido el presidente del CARD insta a postergar el tema del aborto para discutirlo en una ley especial. “Acojamos la sugerencia que hizo en su momento el Presidente de establecer una legislación en la que se contemplen las excepciones a la regla y sobre esa base avanzar en el tema de ese instrumento tan necesario para la lucha contra criminalidad”.
Surún Hernández aclaró que no se trata del mismo proyecto de ley que fue promulgado por el Presidente Danilo Medina y puesto en vigencia, para posteriormente fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque en ese momento se entendió que había violado los procedimientos instituidos para la aprobación de esa legislación.
“El Presidente, si el Senado ratifica ese proyecto nuevo, tiene toda la facultad constitucional de observarlo y es importante hacer constar que estamos en la misma legislativa que el Poder Ejecutivo objetó en aquel entonces y que fue devuelta a la Cámara de Diputados”, explicó.
Surún recordó que el Presidente estableció que si bien es cierto que hay que defender la vida, no menos cierto es que se debe establecer determinadas situaciones, sobre todo para no poner en riesgo mujeres pobres que por temor a ser perseguidas no acudan al médico.
Para las situaciones extremas, como incesto, malformaciones o violación hasta por grupo de delincuentes, Surun Hernández considera es injusto obligar a las mujeres a dar a luz. “Estaríamos en una legislación que no es acorde a las grandes mayorías, hay que estar en el lugar de una familia cuyo pariente ha sido víctima de una violación incestuosa o de una violación”.
Su posición es que toda regla tiene su excepción y no se puede poner a los médicos con una camisa de fuerza que implique que una decisión que tomen pueda comprometer su responsabilidad penal.
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