Martínez fue sometido por alegada falsificación de documentos, y al respecto, el abogado Luis Miguel Pereyra calificó la decisión como jurídicamente inconsistente y en su opinión, incurre en errores de derecho.
Entrevistado en el programa “El Matutino Alternativo” que se transmite por Fidelity 94.1 FM y que conduce Carmen Imbert Brugal, Pereyra manifestó que los hechos tipificaban algo más grave eso, “tipificaban el uso de documentos falsos”.
“Aquí no se le llevó a él por la 6123 (Ley de de Expresión y difusión del Pensamiento) porque la 6132 es sencillamente perder el tiempo, los hechos tipificaban algo más grave que eso, pero la tribuna mediática se encargó de caracterizarlo así, algunos interesadamente, otros porque no leen, ni se informan pero salen a galleretear y hablar sin saber”, sostuvo.
Explicó que a Marcos Martínez se le sometió por uso de documentos falsos y aseguró Martínez lo hizo público vía comparecencias en ruedas de prensa. “Si él se hubiera quedado ahí y quizás eso no pasaba de ahí, él fue y la sometió ante el Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) por supuesto desfalco”, indicó.
Aleccionar
Según reveló Pereyra, a la vicepresidenta Margarita Cedeño no le interesa mandar a prisión a Marcos Martínez: “Margarita Cedeño quiere poner el precedente que no se puede jugar así, usted no puede ir y someter a una persona a un tribunal con documentos falsos y hacer de esa persona un viacrucis”.
Recordó que la defendió ante el Pepca. “Yo fui a la Suprema Corte de Justicia con la objeción y hubo que defenderla, llevar pruebas y aunque dicen que todo se controla, sin embargo, las dos sentencias demuestran que no es así. Lo que pasa es que aquí el razonamiento se obnubila, porque a Margarita le llega el proceso en medio del declive político de su esposo... y ella lo está pagando”.
Aseguró que logró demostrarse que Marcos Martínez había usado los documentos falsos. El comunicador aseguró que los documentos se los entregó una fuente; en vigencia la nueva normativa se le permite al imputado hablar y habló: "Magistrada yo soy un comunicador, a mi me dieron esos documentos y yo los utilicé”.
Por eso que entiende que Marcos Martínez era consciente de los hechos porque nunca negó que los documentos eran falsos. Sostuvo que citó todos esos argumentos en la Corte, por lo que entiende no lo quieren condenar.
Indicó que en los países en los que está despenalizada la difamación se le exige al periodista profesional un deber previo de diligencia que demuestre responsabilidad donde chequee la veracidad de su fuente. ¿Entonces cuál veracidad y cuál responsabilidad, le puede uno aceptar a un comunicador que le dicen: mire afirma el banco que eso es mentira y usted no diga a mi me engañaron, si el banco dice eso definitivamente he sido utilizado, pero no, él siguió para adelante y dijo que iba a buscar más pruebas, las estamos esperando todavía y nunca las mostró”.
¿Apelarán la decisión?
Al cuestionarlo de si apelarán nuevamente el fallo del tribunal, Luis Miguel Pereyra precisó que no ha hablado con Margarita Cedeño, “porque fue ayer en la tarde”.
Argumentó que los jueces trataron de dar una solución salomónica y solamente condenarlo a un millón de pesos por lo que incurrieron en inconsistencia.
Pereyra criticó también la sentencia del tribunal de primer grado: “Una de las sentencias más atroces que he visto en mi vida, primero que no evalúa armónicamente los elementos de prueba, que por un lado dice que no engañaban a nadie y que era necesario que engañara a alguien para que se pudiera tipificar el ilícito, como si estuviesen hablando de una estafa y estábamos hablando de uso de documentos falsos”.
Aseguró que mediáticamente se usó la estrategia que “es un comunicador”, y que si lo condenaban entonces se ponía una mordaza a la prensa.
Insistió en que no se le sometió por difamación e injuria, sino que se le sometió porque con esos cheques y estados falsos y a pesar de saberlo, porque se le comunicó conjuntamente con la querella, nunca se retractó porque tenía la intención de que se derivaran consecuencias jurídicas.
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