La III fase de la consulta, que inició el pasado mes de febrero, llegó ayer a su final con la firma de un acuerdo
Con la firma de un compromiso de seis puntos, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial y de los diversos departamentos judiciales del país, clausuraron ayer la III Fase de la Cumbre Judicial Nacional (CJN), en la cual prevaleció la solicitud de mayor presupuesto para el sector.
El titular de la SCJ y del CPJ, Mariano Germán Mejía, fue enfático al asegurar que seguirá impulsando acciones concretas para que se cumpla con la asignación del 2.66% del presupuesto general del Estado para la Justicia.
Agregó que luego de la consulta nacional, se acordó evitar los traslados no consensuados de jueces, de modo que no se utilice este mecanismo como una sanción; además, resaltó que se revisará el rol de la figura del Ministerio Público en los procesos disciplinarios de los jueces y que se revisará el sistema de seguridad social, laboral y de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial.
“Soy optimista, la Cumbre Judicial Nacional, ha sido un nuevo punto de partida y una excelente herramienta para fortalecer nuestro Poder Judicial y mejorar el sistema de justicia en armonía con los requerimientos de esta sociedad dominicana”, señaló.
Apertura a los usuarios de la Justicia
Germán Mejía detalló que la Cumbre se desarrolló a través de seis ejes temáticos entre los cuales destacan la autonomía e independencia, el acceso a la Justicia, la eficiencia y eficacia en el procesamiento de los casos, coordinación interinstitucional, integridad en la labor judicial y gestión administrativa.
“Se trata de una apertura para que usuarios, servidores, sectores ligados a la administración de Justicia, el Estado, la Sociedad Civil, a través de sus aportes, puedan colaborar con la consolidación de un Poder Judicial eficiente, transparente, independiente y cohesionado”, señaló.
Comentó que otras necesidades compromisarias con los resultados de la Cumbre, son las que tienen que ver con el incremento del personal de apoyo a los tribunales, el número de salas y la disposición de jueces liquidadores y que para dar seguimiento a los acuerdos, se conformará una comisión integrada por un equipo interinstitucional.
Sistema más transparente
También, el coordinador de la CJN, Samuel Arias Arzeno, explicó que en esta estrategia el Poder Judicial encontró el espacio adecuado para hacer una revisión de su pasado y de su presente, con miras a asumir los compromisos necesarios que permitan desarrollar un sistema de administración más transparente.
“Es una iniciativa que surge a lo interno del Poder Judicial, con el objetivo de identificar acciones y concretar compromisos, partiendo de un proceso de reflexión plural sobre los avances y desafíos de nuestra institución”, expresó.
Detalló que durante la jornada de consultas participaron 1,848 encuestados, se celebraron 11 encuentros departamentales para un total de 1,076 participantes; cuatro foros regionales con el sector justicia con un total de 343 participantes y cuatro foros regionales con la sociedad civil, con un total de 378 participantes.
“La participación activa en cada uno de estos foros, demostró que la Justicia es una preocupación de todos y que la mayoría de las personas e instituciones participantes estuvieron dispuestas a aportar para la construcción de un mejor Poder Judicial”, aseveró.
Contenido del acuerdo final
Entre los puntos relevantes del acuerdo final de la Cumbre destacan la autonomía e independencia del Poder Judicial, a través de la cual se busca garantizar la independencia interna; diseñar, desarrollar e implementar una estrategia comunicacional que garantice la diafanidad de las informaciones y el carácter educativo de las mismas para los medios de comunicación; además de impulsar las acciones necesarias para lograr la asignación presupuestaria que le corresponde por ley al Poder Judicial.
También, se abordó lo relativo al acceso a la Justicia y para ello se propuso desarrollar acuerdos y compromisos dirigidos a materializar acciones con miras a lograr que ésta cuente con edificaciones adecuadas, centros de información equipados y con un personal capacitado y sensibilizado en la atención al usuario y fortalecer el equipamiento y uso de las tecnologías en los tribunales, a nivel nacional; entre otros.
Como tercer aspecto, la cumbre planteó la eficiencia y eficacia en el procesamiento de los casos, para continuar promoviendo, dentro del Poder Judicial, el uso eficiente de los métodos alternos de resolución de conflictos, la aplicación de la política de resolución de conflictos aprobada en el año 2005 y el desarrollo de procesos educativos dirigidos a la ciudadanía sobre los métodos alternos de resolución de conflictos.
En el punto número IV se detalla la coordinación interinstitucional en el cual se pondrán los resultados emanados de este proceso a disposición de diversas instituciones, gremios profesionales, organismos internacionales de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, para analizarlos juntos y que puedan convertirse en acciones y proyectos conjuntos que tendrán como resultado final una mejor Justicia para todos y todas.
Además, se propuso como punto número V, la integridad en la labor judicial, el sistema de carrera y el régimen de consecuencias y que para ello se fortalecerá la Inspectoría General con la ampliación y eficientización de las inspectorías regionales, para el análisis de denuncias; para que cuenten con protocolos y reglamentos estandarizados; se evitarán los traslados no consensuados, de modo que no se utilicen estos como sanción; se garantizarán los derechos fundamentales en los juicios disciplinarios de los jueces y demás servidores judiciales, y se revisará el sistema de seguridad social, laboral y de pensiones y jubilaciones.
Finalmente, como parte de la gestión administrativa y presupuesto, se realizarán acciones concretas para el cumplimiento de la asignación del 2.66% en el Presupuesto General del Estado, como establece la ley, se revisarán los procedimientos administrativos internos, para favorecer la descentralización y la eficientización de los mismos y se revisará la distribución presupuestaria, de manera que sea más equitativa tomando en consideración la carga de trabajo y el tamaño de los Departamentos Judiciales.
Con la firma de un compromiso de seis puntos, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial y de los diversos departamentos judiciales del país, clausuraron ayer la III Fase de la Cumbre Judicial Nacional (CJN), en la cual prevaleció la solicitud de mayor presupuesto para el sector. El titular de la SCJ y del CPJ, Mariano Germán Mejía, fue enfático al asegurar que seguirá impulsando acciones concretas para que se cumpla con la asignación del 2.66% del presupuesto general del Estado para la Justicia.
Agregó que luego de la consulta nacional, se acordó evitar los traslados no consensuados de jueces, de modo que no se utilice este mecanismo como una sanción; además, resaltó que se revisará el rol de la figura del Ministerio Público en los procesos disciplinarios de los jueces y que se revisará el sistema de seguridad social, laboral y de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial.
“Soy optimista, la Cumbre Judicial Nacional, ha sido un nuevo punto de partida y una excelente herramienta para fortalecer nuestro Poder Judicial y mejorar el sistema de justicia en armonía con los requerimientos de esta sociedad dominicana”, señaló.
Apertura a los usuarios de la Justicia
Germán Mejía detalló que la Cumbre se desarrolló a través de seis ejes temáticos entre los cuales destacan la autonomía e independencia, el acceso a la Justicia, la eficiencia y eficacia en el procesamiento de los casos, coordinación interinstitucional, integridad en la labor judicial y gestión administrativa.
“Se trata de una apertura para que usuarios, servidores, sectores ligados a la administración de Justicia, el Estado, la Sociedad Civil, a través de sus aportes, puedan colaborar con la consolidación de un Poder Judicial eficiente, transparente, independiente y cohesionado”, señaló.
Comentó que otras necesidades compromisarias con los resultados de la Cumbre, son las que tienen que ver con el incremento del personal de apoyo a los tribunales, el número de salas y la disposición de jueces liquidadores y que para dar seguimiento a los acuerdos, se conformará una comisión integrada por un equipo interinstitucional.
Sistema más transparente
También, el coordinador de la CJN, Samuel Arias Arzeno, explicó que en esta estrategia el Poder Judicial encontró el espacio adecuado para hacer una revisión de su pasado y de su presente, con miras a asumir los compromisos necesarios que permitan desarrollar un sistema de administración más transparente.
“Es una iniciativa que surge a lo interno del Poder Judicial, con el objetivo de identificar acciones y concretar compromisos, partiendo de un proceso de reflexión plural sobre los avances y desafíos de nuestra institución”, expresó.
Detalló que durante la jornada de consultas participaron 1,848 encuestados, se celebraron 11 encuentros departamentales para un total de 1,076 participantes; cuatro foros regionales con el sector justicia con un total de 343 participantes y cuatro foros regionales con la sociedad civil, con un total de 378 participantes.
“La participación activa en cada uno de estos foros, demostró que la Justicia es una preocupación de todos y que la mayoría de las personas e instituciones participantes estuvieron dispuestas a aportar para la construcción de un mejor Poder Judicial”, aseveró.
Contenido del acuerdo final
Entre los puntos relevantes del acuerdo final de la Cumbre destacan la autonomía e independencia del Poder Judicial, a través de la cual se busca garantizar la independencia interna; diseñar, desarrollar e implementar una estrategia comunicacional que garantice la diafanidad de las informaciones y el carácter educativo de las mismas para los medios de comunicación; además de impulsar las acciones necesarias para lograr la asignación presupuestaria que le corresponde por ley al Poder Judicial.
También, se abordó lo relativo al acceso a la Justicia y para ello se propuso desarrollar acuerdos y compromisos dirigidos a materializar acciones con miras a lograr que ésta cuente con edificaciones adecuadas, centros de información equipados y con un personal capacitado y sensibilizado en la atención al usuario y fortalecer el equipamiento y uso de las tecnologías en los tribunales, a nivel nacional; entre otros.
Como tercer aspecto, la cumbre planteó la eficiencia y eficacia en el procesamiento de los casos, para continuar promoviendo, dentro del Poder Judicial, el uso eficiente de los métodos alternos de resolución de conflictos, la aplicación de la política de resolución de conflictos aprobada en el año 2005 y el desarrollo de procesos educativos dirigidos a la ciudadanía sobre los métodos alternos de resolución de conflictos.
En el punto número IV se detalla la coordinación interinstitucional en el cual se pondrán los resultados emanados de este proceso a disposición de diversas instituciones, gremios profesionales, organismos internacionales de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, para analizarlos juntos y que puedan convertirse en acciones y proyectos conjuntos que tendrán como resultado final una mejor Justicia para todos y todas.
Además, se propuso como punto número V, la integridad en la labor judicial, el sistema de carrera y el régimen de consecuencias y que para ello se fortalecerá la Inspectoría General con la ampliación y eficientización de las inspectorías regionales, para el análisis de denuncias; para que cuenten con protocolos y reglamentos estandarizados; se evitarán los traslados no consensuados, de modo que no se utilicen estos como sanción; se garantizarán los derechos fundamentales en los juicios disciplinarios de los jueces y demás servidores judiciales, y se revisará el sistema de seguridad social, laboral y de pensiones y jubilaciones.
Finalmente, como parte de la gestión administrativa y presupuesto, se realizarán acciones concretas para el cumplimiento de la asignación del 2.66% en el Presupuesto General del Estado, como establece la ley, se revisarán los procedimientos administrativos internos, para favorecer la descentralización y la eficientización de los mismos y se revisará la distribución presupuestaria, de manera que sea más equitativa tomando en consideración la carga de trabajo y el tamaño de los Departamentos Judiciales.
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