SANTO DOMINGO. Con la rendición de cuentas sobre las recaudaciones e inversiones de todo un año por parte del presidente de la República, Danilo Medina, ante la Asamblea Nacional, queda abierta la primera legislatura ordinaria del Congreso en la que deberán conocerse los proyectos de ley propuestos por los legisladores o los poderes del Estado con facultad para ello.
El periodo de trabajo legislativo que se inicia este 27 de febrero tiene una duración de 150 días, por lo que durante este lapso, además de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado, podrán someter propuestas de ley el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Junta Central Electoral (JCE).
En el caso de las iniciativas legislativas que provengan de la SCJ y la JCE, ambas instituciones deberán ceñirse a los asuntos que le competen, según establece la Constitución de la República.
Asimismo, tanto el presidente de la República, la SCJ y la JCE tienen un plazo de diez días, luego de iniciada la primera legislatura para ponderar alguna propuesta que necesite ser priorizada por alguna de las cámaras, conforme a los reglamentos internos del Congreso.
También durante esta legislatura, el Defensor del Pueblo deberá rendirá al Congreso Nacional el informe anual de su gestión, a más tardar treinta días antes del cierre, de acuerdo con lo que estipula el artículo 116 de la Constitución.
Leyes por aprobar.
Existe alrededor de medio centenar de iniciativas legislativas que no han sido aprobadas en el Congreso Nacional por desacuerdos entre legisladores de las distintas agrupaciones políticas, pese a la importancia que revisten en términos de robustecimiento del sistema democrático local.
Existe alrededor de medio centenar de iniciativas legislativas que no han sido aprobadas en el Congreso Nacional por desacuerdos entre legisladores de las distintas agrupaciones políticas, pese a la importancia que revisten en términos de robustecimiento del sistema democrático local.
Los proyectos de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Orgánica del Régimen Electoral y la modificación al Código Penal se han constituido en agujeros negros para los legisladores de los que no han podido salir a pesar de la multiplicidad de discusiones y foros de debate en los que han sido expuestos sin ningún resultado.
En el caso específico del Código Penal, este proyecto de ley ha sido entorpecido en distintas ocasiones por su contenido acerca del aborto y las discusiones en torno a la despenalización de esta práctica entre las posturas que defienden los derechos de la mujer a decidir sobre su salud y la posición de las diferentes iglesias que condenan toda interrupción del embarazo.
Para este nuevo periodo legislativo, el Senado deberá decidir sobre las observaciones hechas por el presidente Medina a los artículos 107 y 110 con el fin de que se permita a una mujer embarazada la interrupción de ese proceso en caso de que se comprueben riesgos de muerte, cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida o cuando haya sido víctima de violación o incesto.
Otras iniciativas, aunque menos debatidas en la opinión pública pero con igual grado de importancia son la Ley de Aguas y las leyes orgánicas de Ordenamiento Territorial, de Participación Ciudadana, de Libertad Religiosa, sobre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de Regulación del Trabajo Doméstico y la que regula la Protección del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen.
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