En el documento aprobado se acordó "expresar profunda preocupación por la privación de libertad del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en lo que es sin duda un juicio por motivos políticos con lo cual se le violaron sus derechos constitucionales y legales".
Asimismo se señala que con la privación de libertad de Ledezma se "vulneró" el derecho de los votantes a elegir sus gobernantes.
Entre las consideraciones que soportan el acuerdo se apunta que al alcalde "se le ha negado la posibilidad de incorporar como defensor de sus derechos humanos al señor Felipe González", expresidente del Gobierno de España.
Se exhortó "a las autoridades judiciales y al Ministerio Público a que dentro de la autonomía e independencia de poderes (...) constaten los hechos señalados" en las consideraciones del acuerdo entre las que se indica que para armar su caso hubo, al parecer, "falsificación de documentos", mientras que otros "no existen".
Se acordó, además, enviar copia de este documento parlamentario al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo "para que adopten las acciones que juzguen necesarias acordes con nuestro ordenamiento jurídico".
La sesión se realizó en una cancha deportiva cercana al edificio en el que está ubicada la residencia de Ledezma, desde donde se pudo observar al alcalde que en varias oportunidades se asomó a la ventana para saludar a los asistentes con una bandera de Venezuela en la mano.
"Hoy estamos rindiéndole honor y tributo a nuestros presos políticos, Antonio (...) está escuchándonos y sobre el balcón de su ventana tiene izada la bandera de Venezuela para demostrar su compromiso y su lucha", dijo el diputado Jorge Millán que aseguró que hoy en Venezuela "gobierna la injusticia".
Al evento parlamentario asistieron Mitzy Capriles, esposa de Ledezma, así como otras cónyuges y familiares de los políticos presos Leopoldo López y Daniel Ceballos.
También asistieron dirigentes y alcaldes opositores de diferentes partidos políticos que se solidarizaron con Ledezma y con los más de 130 encarcelados que la oposición considera presos políticos.
El alcalde, detenido en 2015, es identificado con el ala radical de la oposición, liderada por Leopoldo López, y fue acusado hace un año por la Fiscalía, que pide para él 16 años de cárcel por presuntamente incurrir en los delitos de conspiración y asociación para delinquir.EFE
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