domingo, 28 de mayo de 2017

El 30 de junio el Intrant estará listo para operar


Sistema Integrado. El ministro Gustavo Montalvo, presidente de la comisión que coordina las acciones para la aplicación de la Ley 63-17, dijo el pasado 28 de abril que la primera fase del Sistema Integrado de Transporte Público, comenzará a funcionar a principios del 2018.                                                      Santo Domingo
Apartir del día 30 de junio próximo, el presidente Danilo Medina designará al director del  Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), una entidad que tendrá las funciones administrativas del sistema de transporte del país.
En el último encuentro que sostuvo con la comisión que trabaja en todo lo relativo a la puesta en vigencia de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, el jefe de Estado, les puso como plazo para que estén creadas las estructuras del Intrant, los reglamentos y la fusión del personal, así como la definición de los locales donde funcionarán las entidades.
Según lo dispuesto, cuando sea agotado ese proceso, entonces el presidente nombrará al director ejecutivo del Intrant y demás autoridades, para que comience de inmediato la puesta en vigencia de la ley.En la actualidad la comisión, que se ha subdividido en cuatro subcomisiones diferentes, bajo la supervisión del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, trabajan en la elaboración de los reglamentos, la parte institucional, el personal, las nóminas y el perfil, el reordenamiento vial y la parte financiera.
El Intrant es el organismo que tendrá bajo su radio de acción todo lo relativo al sistema de transporte en la República Dominicana, por lo que existen muchas expectativas e inquietudes respecto a la importancia de la institución y los grandes intereses que manejará.
Fungirá como el organismo rector, nacional y sectorial descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, encargado de cumplir y hacer cumplir el contenido de la ley.
Aunque especialistas en  transporte y juristas alegan que de acuerdo con la Constitución, dos días después de que una ley es publicada en la Gaceta Oficial, entra en vigencia a nivel nacional, en lo que respecta a la 63-17, esa disposición constitucional  no se ha podido cumplir, debido a su complejidad y por la amplitud de su radio de acción.  En el país existen más de diez entidades públicas cuyas funciones tienen que ver con tránsito y transporte, las cuales la ley manda a que pasen a ser dependencias del Intrant, como direcciones subordinadas a ese órgano rector.
Entre esas entidades figuran las direcciones generales de Tránsito Terrestre,  Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), entre otras.
Según  ley, el Intrant tendrá unas 42 responsabilidades, entre las que figuran el diseño y ejecución de la política nacional de movilidad, transporte terrestre, nacional e internacional, tránsito y seguridad vial.
Entre sus funciones están además, establecer los requisitos que deberán cumplir los conductores del transporte de carga, así como ejercer el control administrativo sobre la emisión de las licencias de operación para la prestación de servicios en las áreas de su competencia.
ALGUNAS NOVEDADES DE LA LEY 36-17
Entre las novedades y  disposiciones que contempla la nueva ley que crean ciertas expectativas y conflictos, figuran, la restricción de pasajeros en motocicletas y el traslado de menores de ocho años en el mismo. Los carros del transporte público deben tener un máximo de 15 años de antigüedad y no podrán cargar más de cuatro pasajeros y un conductor; así como sanciones para los ciudadanos que sean sorprendidos realizando competencias clandestinas en las calles y avenidas del país, serán sancionados. Según  la Ley 63-17 los motociclistas sólo podrán trasladar a una sola persona como pasajero; ambos deberán llevar casco protector; eliminarán la circulación de vehículos chatarra en un máximo de diez años con el fin de disminuir su circulación y de los autobuses urbanos.

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