viernes, 19 de mayo de 2017

Senado aprueba proyecto sobre lavados de activos y financiamiento de terrorismo Ahora la pieza deberá pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación -

El Senado de la República aprobó este viernes en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.
 Ahora la pieza deberá pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación.
El proyecto de ley busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas. La pieza aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito y además castiga el financiamiento del terrorismo. Busca también alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.
La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo y señala en su primer considerando que la República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional, como son la Convección de Naciones Unidas con el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias  Sicotrópicas de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convección de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 y Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003.
La pieza legislativa establece en su artículo 4, que la Constitución de la República dispone en su artículo 260 que es de alta prioridad nacional, en materia de seguridad y defensa, el combate a las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.
El proyecto de ley refiere en su artículo 24, que cuando una persona sea  condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción serán decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
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