Según la CONA, hay sectores interesados que podrían mandar a asesinar a Rondón para silenciarlo por ser señalado como el que supuestamente repartió los 92 millones de dólares que la empresa brasileña admitió haber pagado en el país para sobornar a legisladores y funcionarios, y que favorecieran a la multinacional con la aprobación y adjudicación de obras públicas.
La entidad expresó en un comunicado que, "dada la preocupación del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Roberto Santana, sobre que la seguridad y la vida de Rondón no están garantizadas en La Victoria, se impone la necesidad de que lo trasladen" a otro centro.
La CONA dijo que en la cárcel de La Victoria se dan "todas las condiciones para que algún interesado fragüe un plan para garantizarse impunidad, por lo que responsabilizó al presidente de la República, Danilo Medina, y al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de preservar la vida de Rondón".
La institución expuso que, "en vista de que los testimonios de Ángel Rondón podrían ser determinantes para que el caso Odebrecht llegue a feliz término en el país, su silencio constituye una garantía para muchos que podrían estar involucrados en el escándalo, y quienes aún no han sido encartados en el expediente".
El hecho de que un imputado como el empresario, que maneja informaciones sensibles sobre el caso cumpla la medida en La Victoria, "donde ni los custodias del recinto están seguros, debe llamarnos a preocupación", dijo el presidente de la CONA, Yuniol Ramírez.
La organización afirmó que, en caso de que maten a Rondón en la cárcel, el expediente por los sobornos quedaría cerrado en lo absoluto."
El juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco dispuso el pasado miércoles penas de prisión preventiva que van de los tres meses a un año de cárcel para 8 de los 14 imputados por los sobornos, siendo Rondón el que tiene la coerción más prolongada.
Entre los encausados están también el ahora exministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y extitular del Senado, Andrés Bautista García.
Ninguno de ellos ha sido trasladado hasta ahora a prisión, solo dos imputados que cumplirán las medidas de coerción en sus domicilios abandonaron el viernes las dependencias del Palacio de Justicia Ciudad Nueva, sin que las autoridades hayan indicado el motivo de la demora en el ingreso en las cárceles de Najayo y La Victoria.
Asimismo, se dispuso fianza de cinco millones de pesos (105.700 dólares) para dos senadores del PLD y para un diputado del PRM, cuyas respectiva cámaras estudian si les retirarán la inmunidad parlamentaria.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía, así como los de Leonel Fernández (2004-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.
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