Reynoso recuerda que el Ministerio Público elevó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la sentencia en casación dictada por la Segunda Sala Penal de la SCJ.
A su entender hay razones suficientes para que la sentencia, disponiendo el archivo de la investigación contra el exfuncionario, sea declarada contraria a la Constitución, porque viola el “principio de separación de funciones”, ya que no es facultad de los jueces archivar las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Explicó que en caso de objeción, los jueces pueden revocarlo o confirmarlo.
Reynoso piensa que el TC valorará el argumento de la Fiscalía de que el juez no puede decirle al Ministerio Público que ponga a disposición de una persona investigada todos los elementos de una investigación.
Dijo que no conoce ningún sistema judicial en el que, durante la fase investigativa, se entreguen todas las evidencias al sospechoso, lo que sería decirle que se le va a intervenir un teléfono o que tal persona es un agente encubierto.
La funcionaria consideró que los tribunales lo que hicieron fue disponer el archivo de 18 meses de investigación, pero confió en que el TC revocará la decisión.
La fiscal del Distrito Nacional fue entrevistada en el programa Enfoque Matinal, de NCDN, canal 37.
La Segunda Sala Penal de la SCJ se estableció la decisión impugnada no contiene vicios, “ya que se hizo una correcta aplicación de la norma penal, ciñéndose a las reglas del debido proceso, en los aspectos procedimentales de la misma”.
En primera instancia el archivo de la investigación fue dispuesto por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en agosto del 2014. Posteriormente la Corte de Apelación ratificó la decisión.
La acusación gira en torno a supuesto fraude multimillonario a través de la importación de material asfáltico AC-30.
Díaz Rúa, ministro de Obras Públicas durante la administración del presidente Leonel Fernández, guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo pero por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en cuyo expediente han sido encartadas otras 13 personas hasta el momento.
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