Los cinco jueces de la Sala Penal que conocerán recursos de apelación presentados por imputados de Odebrecht

Santo DOmingo

Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz, Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra son los cinco jueces de la Segunda Sala Penal que conocerán los recursos de apelación presentados por 10 de los 14 imputados en el caso Odebrecht.

A continuación una descripción de la hoja profesional de los jueces.

Miriam Concepción Germán: según el portal de la Suprema, fue seleccionada como Juez miembro de la SCJ por Consejo Nacional de la Magistratura el 22 de diciembre de 2011, y designada por el Pleno del Alto Tribunal como Jueza Presidente de la Segunda Sala o Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Fran Euclides Soto Sánchez: fue miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, fiscal adjunto del Distrito Nacional en el periodo 1996-2000; procurador adjunto y director de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja de la Procuraduría General de la República.

Alejandro Moscoso Segarra: fue también fue miembro del Comité Central del PLD, fiscal del Distrito Nacional; procurador adjunto de la República; director de la revista “Ministerio Publico”, Juez Suplente de la Junta Central Electoral; Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia; Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, de acuerdo al portal de la SCJ.

Esther Elisa Agelán Casasnovas: ha ocupado posiciones de Jueza de la Instrucción, presidenta del Primer y Tercer Tribunal Colegiado, y fue jueza de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Juan Hirohito Reyes Cruz: ha sido abogado ayudante del fiscal del Distrito Nacional, 1993-1998; juez de la Séptima Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 1998-2003; Segundo Sustituto de la Presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 2003-2011, de acuerdo con los datos de la Suprema.