Santo Domingo
A Bernardo Castellanos de Moya le impusieron como medida de coerción una garantía económica de 5 milloens de pesos, prohibición de salida del país y presentación periódica una vez por mes, con lo que la primera fase de acusaciones contra los acusados de recibir y manejar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
El acusado 14 del caso de sobornos estaba fuera del país cuando comenzaron los apresamientos por el caso, y fue en la noche del miércoles cuando arribó a República Dominicana.
Por el caso guardan prisión solo Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, luego de que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia variara la medida de coerción a nueve de los imputados.
El Ministerio Público pidió que se le impusieran 18 meses de prisión preventiva, una postura contraria a la barra de defensa de Castellanos, que entiende a su cliente como inocente y que no se le debió ni siquiera apresar.
Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, y el exfuncionario Roberto Rodríguez, fueron los únicos acusados por el caso de los sobornos de Odebrecht que no apelaron las medidas de coerción que les impuso el juez Francisco Ortega, de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia.
La primera decisión
El juez Francisco Ortega Polanco dictó prisión preventiva y arresto domiciliario en contra de diez de los implicados en los sobornos de Odeberecht, mientras que impuso garantía económica e impedimento de salida a tres legisladores vinculados al escándalo.
Al empresario Ángel Rondón se le envió a la cárcel de La Victoria (finalmente la cumple en Najayo), así como nueve meses de prisión para el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, que igual debían cumplirla en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.
El tribunal también impuso seis meses de prisión en contra del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González.
De igual forma, el juez dictó tres meses de prisión preventiva en contra del exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo De Oleo Ramírez, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
El juez además dictó prisión domiciliaria por nueve meses en contra de exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, y el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral sexto.
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