SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Participación Ciudadana criticó hoy que la Procuraduría General de la República haya solicitado una extensión del plazo para completar la investigación de los hechos en torno al caso Odebrecht lo que a juicio del organismo es de difícil reconstrucción material.
Participación Ciudadana entiende que la Procuraduría General de la República (PGR), no esta lista para concluir y presentar actos conclusivos contra los imputados por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y exigieron la inclusión de los reales responsables que aún no han sido identificados en el expediente pero que tienen participación en los hechos investigados.
“La cooperación jurídica internacional es determinante para la reconstrucción material de los hechos, pero hay que recordarle al Ministerio Público que el tiempo se está convirtiendo en el peor enemigo de sus actuaciones”, puntualizó PC.
Asimismo dijeron que dada la complejidad del caso, es razonable la necesidad de la prórroga ante la confesión del Ministerio Público de que aún no está listo para presentar acusación.
Sostienen que el reconocimiento de la Procuraduría de que no han reunido las pruebas para presentar la acusación desacredita no sólo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales, y fomentan las posiciones de aquellos que creen que se trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad.
“Es ya conocido que entre el 2007 y 2015, se realizaron transferencias por unos 81.2 millones de dólares realizadas por cinco empresas de Odebrecht a dos empresas del imputado Ángel Rondón, identificado por la propia constructora como su representante y repartidor de sobornos a funcionarios dominicanos, para contratación y ejecución de obras públicas por un valor de 5 mil millones 957 mil 457 dólares”, dice PC en un comunicado.
Tildaron de penosa la escasa “vocación” de las autoridades del país para desentrañar este escándalo, ya que la propia Procuraduría no se ha referido a la instancia que presentó el Centro Social Juan XXIII, Fundación Masada, Santiago Somos Todos y PC para que se investigue el destino de los 4 millones 396 mil dólares transferidos de empresas de Odebrecht en Perú a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao Santana y Mónica Moura, los asesores políticos del presidente Danilo Medina.
El organismo cívico calificó de preocupante que los documentos recibidos de la justicia brasileña no presentan la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y homologado con la Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha exigido la Procuraduría General.
Sobre este acuerdo, indican que lo justifican ya que el mismo ayudaría a obtener las pruebas que permitirían identificar e incriminar a los funcionarios sobornados y que en caso contrario la empresa brasileña habría incumplido el acuerdo y el mismo sería terminado.
“A la fecha, todavía no se conocen las pruebas que identifiquen a los sobornados, y a pesar de la promesa, aún no hay un claro entendimiento sobre lo prometido y no cumplido por la empresa Odebrecht”, dijo Participación Ciudadana.
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