Santo Domingo
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió ayer que representaría un golpe a la gobernabilidad y la estabilidad democrática del país si se declara inconstitucional la Ley 169-14 sobre Naturalización.
La entidad considera que con una decisión así el Tribunal Constitucional se erigiría en el centro de las decisiones políticas e institucionales, en lugar de ser árbitro y garante de la democracia dominicana, colocándose al margen de las decisiones adoptadas de manera legítima por poderes públicos y en el marco de una estricta legalidad.
Finjus se refirió a informaciones publicadas en diferentes de medios de comunicación respecto a que el Tribunal Constitucional se apresta a aprobar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización. “Para quienes estamos identificados con la tarea de consolidar nuestro régimen democrático, garantizar los derechos fundamentales de las personas y fortalecer los mecanismos para que la institucionalidad democrática descanse sobre normas, procedimientos y principios compartidos, resulta extremadamente preocupante escuchar que se están dando pasos en la dirección opuesta de la historia”, expresa Finjus en una declaración escrita.Recordó que la Ley 169-14 fue adoptada en el Congreso Nacional en medio de una aguda coyuntura nacional tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que a su juicio colocó la discusión sobre esta problemática en un escenario confuso e incapaz de producir la comprensión de su naturaleza y de sus vías de solución.
Con la sentencia 168-13 del 13 de fecha 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional interpretó la normativa vigente en los diferentes textos constitucionales desde el 29 de junio de 1929 hasta la reforma constitucional del 26 de enero de 2010.
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