Santo Domingo
La Procuraduría General de la República le dio ayer un espaldarazo al proyecto de ley sometido por el senador Félix Bautista, que le otorga competencia para trazar políticas de prevención destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres, porque considera que es coherente con las atribuciones que la Constitución y la ley 133-11 le otorga al ministerio público, de prevenir y perseguir el delito.
Plantea que el proyecto, que crea un sistema de apoyo integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, viene a rescatar las funciones constitucionales y legales del ministerio público.
Destaca que la pieza legislativa evita la duplicidad de funciones y busca que las instituciones tanto públicas como privadas y de la sociedad civil trabajen en coordinación, estableciendo roles específicos para cada una.
La Procuraduría asegura que el ministerio público está facultado por ley para dirigir y formular las políticas estatales de prevención y control de la criminalidad, y que la violencia de género constituye un delito por lo cual entiende que tiene competencia para dirigir las estrategias de prevención en esa materia, como le asigna el proyecto de ley.En cambio, señala que la ley 86-99, que crea el Ministerio de la Mujer, no contempla dentro de su contenido la palabra prevención, sino que sus atribuciones se limitan a la problemática de igualdad y equidad de género. La posición de la procuraduría con relación al proyecto de ley fue dada por la procuradora adjunta Marien Montero Beard, coordinadora de desarrollo legislativo y regulatorio, y Sheily Núñez Guerrero, directora de Prevención de la Criminalidad, quienes defendieron la iniciativa legislativa y resaltaron sus ventajas durante una visita que hicieron a Listín Diario. Estuvieron acompañadas de la encargada de comunicaciones de la Procuraduría, Julieta Tejada, y el asesor de comunicación estratégica del procurador, Alexis Moisés.
La Procuraduría también entregó un documento que contiene sus consideraciones con relación a ese proyecto de ley, que fueron ampliamente explicadas en la entrevista por Montero Beard y Núñez Guerrero.
La Comisión de asuntos de familia y género del Senado escuchó el miércoles las opiniones del procurador Jean Alain Rodríguez sobre el proyecto de ley. Mientras, el próximo jueves escuchará a la ministra de la Mujer, Yanet Camilo.
Una acogida al proyecto
“La Procuraduría ve con buenos ojos los contenidos del proyecto en el entendido de que viene a trabajar en conjunto con otras instituciones, manda a crear un sistema integral de atención y prevención de la violencia de género, pero con acciones coordinadas entre distintas instituciones que tienen que ver con el tema y nunca aisladas”, puntualizó Montero Beard.
“La Procuraduría ve con buenos ojos los contenidos del proyecto en el entendido de que viene a trabajar en conjunto con otras instituciones, manda a crear un sistema integral de atención y prevención de la violencia de género, pero con acciones coordinadas entre distintas instituciones que tienen que ver con el tema y nunca aisladas”, puntualizó Montero Beard.
Argumentó que están de acuerdo con el proyecto general, porque crea un sistema coordinado de acciones con todas las instituciones y eficientiza los recursos del Estado.
Señaló que tradicionalmente no existía un órgano que de manera precisa y coordinada trabajara los temas de prevención de la violencia de género, por lo que resaltó que el proyecto recoge y establece roles precisos para cada institución para la prevención de la violencia de género.
POLÍTICA DEL ESTADO
Sheily Núñez Guerrero, directora de Prevención de la Procuraduría, dijo que el ministerio público tiene un mandato constitucional de trabajar la política del Estado contra la criminalidad. Esa política se refuerza, indicó, con la ley orgánica del ministerio público, que afirma le da al procurador, de manera especial, el rol de formular e implementar la política de prevención.
Sheily Núñez Guerrero, directora de Prevención de la Procuraduría, dijo que el ministerio público tiene un mandato constitucional de trabajar la política del Estado contra la criminalidad. Esa política se refuerza, indicó, con la ley orgánica del ministerio público, que afirma le da al procurador, de manera especial, el rol de formular e implementar la política de prevención.
Dijo que esa es una de las razones principales por las que hace un año se creó la dirección de prevención de la criminalidad, en los que se trabajan planes en cada uno de los aspectos que involucran la prevención del delito, primaria, secundaria y terciaria.
“Este proyecto de ley viene a reconocer el rol de la Procuraduría con respecto a la prevención del delito”, enfatizó. Destacó que el plan que se ejecuta contra la violencia de género tiene acciones de prevención.
Tema en debate. Sheily Núñez Guerrero (izquierda), directora de Prevención de la Criminalidad, y Marien Montero Beard (derecha), coordinadora de Desarrollo Legislativo y Regulatorio, hablan con la periodista Wanda Méndez.
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