La cuenta regresiva avanza para el gobierno del presidente Donald Trump luego de que un juez ordenara que los niños y padres migrantes que fueron separados por la fuerza en la frontera suroeste del país sean reunificados en 30 días, antes incluso si son menores de 5 años.
El límite lo impuso el juez Dana Sabraw en San Diego la noche del martes luego de que la orden de Trump de poner fin a su política de separar familias de inmigrantes dio pie a incertidumbre, información contradictoria y el silencio de la administración ante la pregunta de cuándo volverían a verse padres e hijos.
“La situación llegó a un nivel crítico”, escribió Sabraw.
El fallo genera una serie de problemas logísticos para el gobierno y no quedó claro cómo cumplirían con la fecha límite.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, a cargo de los niños, dirigió las preguntas al Departamento de Justicia que, a su vez, dijo que el fallo hace “incluso más imperativo que el Congreso finalmente actúe para darle a los agentes federales la capacidad simultánea de hacer cumplir la ley y mantener a las familias unidas”.Sin esta acción del Congreso, continuará la ilegalidad en la frontera”, dijo la dependencia.
Sabraw, nominado por el presidente republicano George W. Bush, especificó que los niños menores a 5 años deberán ser reunidos con sus padres en 14 días.
También emitió una orden de alcance nacional contra futuras separaciones de familias, a menos que el padre sea considerado no apto o no quiera estar con el niño, y ordenó que el gobierno proporcione contacto telefónico entre padres y sus hijos en los próximos 10 días.
La decisión del juez fue en relación con una demanda entablada en marzo por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), a nombre de una niña de 7 años separada de su madre congolesa y de un niño de 14 años arrebatado de su madre brasileña.
“Lágrimas correrán en los centros de detención a lo largo del país, cuando las familias se enteren que serán reunificados”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU.
En cuando a si la fecha límite es realista, Anthoy Romero, director ejecutivo de ACLU dijo: “Reunir a 2.000 niños, que probablemente son menos que el número de llegadas al JFK en un día de mucho tránsito, no debería ser problema para el gobierno federal de Estados Unidos si decide hacerlo una prioridad”.
“Es una cuestión de voluntad política, no de recursos”, agregó.
Más de 2.000 menores de edad han sido separados de sus padres en semanas recientes y colocados en albergues contratados por el gobierno, en ocasiones a cientos de kilómetros de distancia, bajo la política “tolerancia cero” aplicada a las familias que fueron detenidas mientras intentaban ingresar sin autorización a Estados Unidos. Muchos vienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, países devastados por la violencia.DE AP
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