El Procurador General de la República anunció anoche que hizo formal acusación en contra de siete implicados en el caso Odebrecht, y que excluyó a ocho por no haber encontrado evidencias para corroborar las declaraciones provenientes de Brasil en materia de sobornos.
Jean Alain Rodríguez dijo que el apoderamiento fue hecho por ante el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, en contra de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, el senador Tommy Galán, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez Martínez.
Aseguró que contra el grupo solicitó que el juez Ortega Polanco dicte auto de apertura a juicio, ya que el Ministerio Público cuenta con pruebas firmes para probar sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, tras considerar que sus números no cuadran.
“Ahora corresponde al juez examinar estas pruebas y determinar su justo valor en el contexto de los hechos, las personas involucradas y la línea de tiempo presentada por el Ministerio Público”, acotó el Procurador.
En cuanto a Rondón detalló que se confirmó la existencia de un complejo entramado corporativo a través del cual movilizaba, ocultaba e integraba sus fondos de origen ilícito en el sistema nacional y que encontraron cheques que demuestran el pago de valores entre este imputado y otros encartados en la acusación.
Sobre Díaz Rúa, el procurador explicó que la investigación financiera arrojó fuertes evidencias de que recibió sobornos de Odebrecht, presentando un patrimonio de proporciones exhorbitantes, imposible de justificar con los salarios que devengó como director de INAPA y ministro de Obras Públicas.
Mientras que en cuanto a Pittaluga precisó que se pudo comprobar durante la pesquisa, que sirvió de testaferro y cómplice de Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la autopista del Coral, contando el expediente con la transferencia de más de US$6 millones que fueron colocados en una cuenta bancaria en Antiguas y Barbudas y desde la cual posteriormente se transfirieron fondos a una sociedad propiedad de familiares de Díaz Rúa.
En cuanto al exsenador Vásquez Martínez, quien fue incluido ahora en la acusación, el Procurador dijo que recibió cheques directamente, otro cheque recibido por su esposa y otro cheque recibido por su hijo, siendo estos cheques de la misma empresa usada por Rondón para sobornar también a Roberto Rodríguez.
Dijo que en las investigaciones realizadas no se encontraron evidencias suficientes que vincularan a César Sánchez, Bernardo Castellanos, el senador Julio César Valentín, Máximo De Oleo, el diputado Alfredo Pacheco, Radhamés Segura y Ruddy González.
El procurador Rodríguez manifestó que procedió al archivo provisional de la acusación contra estas personas, bajo reserva de que si aparecieran nuevas evidencias se procedería de acuerdo a lo que establece la norma procesal.
Dijo que la exhaustiva investigación económica realizada a las personas que fueron exoneradas de responsabilidad penal, sus familiares, empresas y vinculados, no arroja elementos contundentes para por el momento, vincular a estos imputados con los hechos confesados por Odebrecht.
Sostuvo que tampoco pudieron identificar patrimonios exagerados de los que pueda inferirse la existencia de un enriquecimiento ilícito ni evidencias de que estas personas hayan recibido prebendas directamente de la empresa Odebrecht o indirectamente a través de su intermediario Rondón.
“Sin pruebas, no hay proceso, por lo que no nos podemos permitir atar la suerte de expedientes fuertes y contundentes con los de otros que no cuentan con evidencias suficientes para resistir un escrutinio en esta fase final del proceso. Si lo hiciéramos, estaríamos haciéndoles un flaco servicio a la justicia y a la nación”, enfatizó.
Sobrevaluación
Con relación a las sobrevaluaciones, el Procurador sostuvo que los resultados de la investigación realizadas sobre los sobornos que pagó Odebrecht, no afectan la investigación de las eventuales sobrevaluaciones de las obras, por ser estas dos investigaciones independientes.
Detalló que una vez recibidas las auditorías forenses solicitadas a la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público procederá a realizar el análisis y las investigaciones correspondientes.
En cuanto a la termoeléctrica Punta Catalina, Rodríguez explicó que procedió a realizar una investigación independiente y objetiva con relación a esa obra en particular, evaluando los contratos de construcción para verificar si existieron irregularidades o incumplimiento a las normas de contratación de obras del Estado.
Asimismo, dijo que se realizó una investigación profunda sobre los alegatos de que se habían repartido sobornos para la adjudicación de la obra en el Congreso Nacional, sin que se encontraran evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco en el financiamiento de la misma.
Indicó que también que se hizo una evaluación pormenorizada al informe preparado por la comisión investigadora del proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, a pesar de no tener éste carácter vinculante para el Ministerio Público, todo en aras de arrojar luz a la investigación.
Radhamés Segura
El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, proclamó que ha surgido la verdad y que la justicia tarda pero es justa.“Soy inocente”, dijo Segura en su cuenta de Twitter tras la comparecencia del procurador Rodríguez, quien anunció que quedaba fuera del expediente.
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LOS INVESTIGADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
El trabajo investigativo fue realizado por un equipo multidisciplinario de más de 50 personas, entre los que se encuentran miembros del Ministerio Público, procuradores adjuntos, procuradores generales de cortes y fiscales de larga de trayectoria, litigantes, agrimensores, tasadores, contables, auditores forenses, así como técnicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar los perfiles de cientos de personas. Los fiscales a cargo de la investigación contaron con un grupo de profesionales de diversas áreas para el análisis societario y financiero de cada una de las personas, tanto físicas como jurídicas que fueron investigados durante el proceso. Explicó que durante la investigación se hicieron múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, España y Panamá, que resultó provechosa para poder presentar acusación formal en contra de los siete imputados.
Dijo además que investigó a más de 400 personas y compañías, resultando de la misma una exhausta revisión de más 800,009 transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba.
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