La justicia de Honduras, en la que no todos sus ciudadanos creen por múltiples denuncias de reciente y vieja data de presunta corrupción de jueces y magistrados, ha quedado en deuda con su fallo por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016.
El jueves, la justicia condenó por el asesinato de Berta Cáceres y tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, a siete de ocho imputados. A uno se le liberó de toda culpabilidad por no haber pruebas que lo incriminaran.
La deuda de la justicia en el caso de Cáceres, primero es con su familia, la que luego de conocer el fallo dijo en un comunicado que el veredicto "no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato (...) y el intento de asesinato al (ambientalista mexicano) Gustavo Castro".
Además, el veredicto "condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA (Desarrollo Energéticos)", lo que "no significa que se ha alcanzado justicia", según los familiares de la ambientalista.
Indicaron además que las estructuras y las personas que dieron "el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune".
Berta Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico que era ejecutado por DESA.
La otra deuda de la justicia hondureña es con la empresa DESA, de la que dos ejecutivos suyos, Sergio Ramón Rodríguez, uno de los siete condenados el jueves, y David Castillo, capturado el 2 de marzo de este año, han sido acusados por el caso de Berta Cáceres.
En el caso de Castillo, es señalado como uno de los autores intelectuales del crimen, aunque el juicio contra él está pendiente.
Contra los siete condenados el jueves, la pena que les caerá será conocida en una audiencia fijada para el 10 de enero de 2019.
El abogado de DESA, Robert Amsterdam, dijo que la defensa de Rodríguez "rechaza esta decisión y apelará, y tiene la intención de solicitar una compensación por la condena injusta y la violación de los derechos humanos ante varios organismos internacionales".
Agregó que "no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional -de lo que acusa al COPINH- basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas".
En las semanas previas al fallo, Amsterdam & Partners LLP publicó un "libro blanco" de 80 páginas que detalla "las numerosas deficiencias procesales que impidieron el derecho de los acusados a la presunción de inocencia y a un juicio justo", recordó Amsterdam.
La tardanza en capturar a los implicados y el inicio del juicio, hicieron que la familia de Berta, su defensa, organismos de derechos humanos y gobiernos de varios países, entre otros, expresaran su preocupación y advirtieran que muchas cosas se estaban haciendo mal.
Amnistía Internacional (AI) denunció que las irregularidades en la investigación y proceso judicial del asesinato de Cáceres enturbian el derecho a la justicia, verdad y reparación en el caso.
A eso se suma que no se ha identificado a todos los autores intelectuales del crimen, indicó AI en un comunicado desde México.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, declaró que "a pesar de la existencia de una sentencia en este emblemático caso, la justicia hondureña tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todos las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta Cáceres".
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron antes del fallo su preocupación por la exclusión de la defensa de la familia de Berta Cáceres en el juicio por su crimen, y por "las demoras injustificadas en el proceso".
Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el proceso estuvo "marcado por serias irregularidades que revictimizaron a la familia de Berta Cáceres y al COPINH", entre las que "destaca la falta de acceso a la información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad del proceso".
Al Cejil le preocupa que la autoridad no haya actuado para "identificar a otros autores intelectuales, pese a existir prueba que les vincula y que el propio Tribunal señala en su sentencia".
Los múltiples señalamientos a favor y en contra del caso quizás no fueran tantos si la justicia hondureña fuera más eficiente y creíble ante la sociedad hondureña, según analistas locales.DE EFE
El jueves, la justicia condenó por el asesinato de Berta Cáceres y tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, a siete de ocho imputados. A uno se le liberó de toda culpabilidad por no haber pruebas que lo incriminaran.
La deuda de la justicia en el caso de Cáceres, primero es con su familia, la que luego de conocer el fallo dijo en un comunicado que el veredicto "no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato (...) y el intento de asesinato al (ambientalista mexicano) Gustavo Castro".
Además, el veredicto "condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA (Desarrollo Energéticos)", lo que "no significa que se ha alcanzado justicia", según los familiares de la ambientalista.
Indicaron además que las estructuras y las personas que dieron "el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune".
Berta Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico que era ejecutado por DESA.
La otra deuda de la justicia hondureña es con la empresa DESA, de la que dos ejecutivos suyos, Sergio Ramón Rodríguez, uno de los siete condenados el jueves, y David Castillo, capturado el 2 de marzo de este año, han sido acusados por el caso de Berta Cáceres.
En el caso de Castillo, es señalado como uno de los autores intelectuales del crimen, aunque el juicio contra él está pendiente.
Contra los siete condenados el jueves, la pena que les caerá será conocida en una audiencia fijada para el 10 de enero de 2019.
El abogado de DESA, Robert Amsterdam, dijo que la defensa de Rodríguez "rechaza esta decisión y apelará, y tiene la intención de solicitar una compensación por la condena injusta y la violación de los derechos humanos ante varios organismos internacionales".
Agregó que "no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional -de lo que acusa al COPINH- basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas".
En las semanas previas al fallo, Amsterdam & Partners LLP publicó un "libro blanco" de 80 páginas que detalla "las numerosas deficiencias procesales que impidieron el derecho de los acusados a la presunción de inocencia y a un juicio justo", recordó Amsterdam.
La tardanza en capturar a los implicados y el inicio del juicio, hicieron que la familia de Berta, su defensa, organismos de derechos humanos y gobiernos de varios países, entre otros, expresaran su preocupación y advirtieran que muchas cosas se estaban haciendo mal.
Amnistía Internacional (AI) denunció que las irregularidades en la investigación y proceso judicial del asesinato de Cáceres enturbian el derecho a la justicia, verdad y reparación en el caso.
A eso se suma que no se ha identificado a todos los autores intelectuales del crimen, indicó AI en un comunicado desde México.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, declaró que "a pesar de la existencia de una sentencia en este emblemático caso, la justicia hondureña tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todos las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta Cáceres".
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron antes del fallo su preocupación por la exclusión de la defensa de la familia de Berta Cáceres en el juicio por su crimen, y por "las demoras injustificadas en el proceso".
Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el proceso estuvo "marcado por serias irregularidades que revictimizaron a la familia de Berta Cáceres y al COPINH", entre las que "destaca la falta de acceso a la información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad del proceso".
Al Cejil le preocupa que la autoridad no haya actuado para "identificar a otros autores intelectuales, pese a existir prueba que les vincula y que el propio Tribunal señala en su sentencia".
Los múltiples señalamientos a favor y en contra del caso quizás no fueran tantos si la justicia hondureña fuera más eficiente y creíble ante la sociedad hondureña, según analistas locales.DE EFE
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