En República Dominicana, contrario a otros países latinoamericanos que también tuvieron férreas dictaduras, se ha ignorado la petición de crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes y todas las violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante 32 años por el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Las comisiones de la verdad son órganos creados para investigar patrones de violencia ocurridos en un país durante un tiempo determinado, a fin de responder a violaciones masivas a los derechos humanos, evitar la impunidad y lograr una transición hacia la paz.
También para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y lograr la tan anhelada reconciliación de la sociedad.
El único
Roberto Álvarez, quien elaboró el documento que sirvió de base para solicitar la creación de esa comisión en el país, lamenta que República Dominicana sea el único país de las Américas sin un órgano de ese tipo, pese a que padeció una de las dictaduras más férreas y brutales de la región.
Roberto Álvarez, quien elaboró el documento que sirvió de base para solicitar la creación de esa comisión en el país, lamenta que República Dominicana sea el único país de las Américas sin un órgano de ese tipo, pese a que padeció una de las dictaduras más férreas y brutales de la región.
“No hay nada imposible y esa es una tarea pendiente para el pueblo dominicano”, dijo sobre la necesidad de garantizar a las víctimas de la dictadura trujillista los derechos a la verdad y al rescate de la memoria histórica.
Considera que al dejar en el olvido todo lo concerniente a la tiranía de Trujillo, el Estado dominicano ha estado violando acuerdos en materia de derechos humanos a los que se comprometió, especialmente cuando el país enfrenta un “revisionismo histórico orientado a blanquear la dictadura de Trujillo”.
Cita que, además de esos derechos, una Comisión de la Verdad garantizaría hacer justicia, reparar daños y dejar un legado oficial de lo ocurrido en esos 32 años.
El experto en derechos humanos favoreció incluso que sean desclasificados documentos de la era de Trujillo y someter a una exhaustiva investigación hechos como la masacre de haitianos en 1937, ya que se estiman en unas 30,000 víctimas, pero algunos historiadores, como Bernardo Vega, sostienen que la cifra estaría entre 6,000 y 8,000.
La justicia no sería, a su juicio, la prioridad porque la mayoría de los que cometieron atrocidades durante el régimen dictatorial están muertos y otros son de avanzada edad, sino esencialmente rescatar a las víctimas del olvido.
Conocer la verdad
La exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien formó parte de la comisión que depuró el documento que serviría de base para crear la comisión, estima que “nos hace falta conocer la verdad” más que ver la creación de ese órgano como un instrumento de persecución judicial.
La exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien formó parte de la comisión que depuró el documento que serviría de base para crear la comisión, estima que “nos hace falta conocer la verdad” más que ver la creación de ese órgano como un instrumento de persecución judicial.
Cuando la convocaron para ser una eventual integrante de la comisión, recuerda que trabajaron varios meses definiendo lo que sería esa justicia transicional y tratando de presentar un proyecto posible y acorde con la estructura social dominicana, lo que incluyó métodos científicos de investigación.
“Es una justicia en la que se pretende conocer los hechos y difundirlos, no con el ánimo venganza, sino con el ánimo de producir una verdad lo más apegada y justa al hecho histórico, lo que han experimentado otras naciones con mucho éxito”, precisó Ortiz Bosch.
No cree que la dilación para formar una Comisión de la Verdad se deba exclusivamente a falta de voluntad política, aunque piensa que incide, pues aclara que no se trata únicamente de iniciar juicios y buscar culpables. “Lo que me parece importante es que nos decidamos a comenzar, y si hubo alguna circunstancia que la hizo variar, superarla”, añadió la dirigente política.
Considera que ahora o en cualquier otro momento siempre será importante instaurar una Comisión de la Verdad, como la han tenido otros países que también pasaron por procesos dramáticos, pero encontraron un punto para reflexionar sobre la verdad histórica.
“Esa comisión sigue siendo importante y necesaria. Siempre hay una oportunidad para hacer memoria, lo que nunca debe haber es una oportunidad para ser peores, sino mejores. Pero para ser mejores siempre debemos tener la voluntad de crear la oportunidad”, reflexionó al responder si existen actualmente las condiciones para crear ese órgano.
Ortiz Bosch indicó que en el país hay mucha gente con el equilibrio y el sentido de necesidad histórica para encarar una misión como la planteada en el proyecto de creación de una Comisión de la Verdad.
Los primeros intentos de crear una comisión de ese tipo en el país se remontan al año 2011 con el documento elaborado por Álvarez y que luego fue depurado por una comisión integrada por Ortiz Bosch, monseñor Jesús María de Jesús Moya, entonces obispo de San Francisco de Macorís; la actual diputada Guadalupe Valdez y el fenecido Rafael Molina Morillo, quien era director del periódico El Día.
Álvarez puntualiza que el documento fue entregado al entonces presidente Leonel Fernández, quien alegó que no podía darle curso porque estaba a un mes de la transición en su último mandato (2008-2012).
También lo entregaron al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y a la Procuraduría General de la República en la gestión de Francisco Domínguez Brito el 10 de diciembre de 2012, acompañado de 114,223 firmas para sustentar la solicitud de crear el órgano de carácter temporal y sin atribuciones judiciales.
Tiempo y objeto de la investigación
El tiempo a investigar se extendería desde el 23 de febrero de 1930 y el 16 de enero de 1962 y las violaciones a indagar serían crímenes de lesa humanidad; asesinatos, homicidios y ejecuciones extrajudiciales; torturas, desapariciones forzadas y genocidio; crímenes de guerra y agresión.
El tiempo a investigar se extendería desde el 23 de febrero de 1930 y el 16 de enero de 1962 y las violaciones a indagar serían crímenes de lesa humanidad; asesinatos, homicidios y ejecuciones extrajudiciales; torturas, desapariciones forzadas y genocidio; crímenes de guerra y agresión.
El genocidio se debe a la matanza de haitianos en 1937 y los crímenes de guerra y agresión por las expediciones contra Trujillo de Luperón, de 1949, y de Constanza, Maimón y Estero Hondo, de 1959, así como por la participación del sátrapa dominicano en los complots contra el presidente de Haití, Elie Lescot, entre 1941 y 1946; en el derrocamiento del presidente de Costa Rica, José Figueres, en enero de 1955; en el asesinato del presidente de Guatemala, Carlos Castillos Armas, en julio de 1957, y en el atentado contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, en julio de 1960, así como otras posibles agresiones contra otros gobiernos.
Entre 1954 y 1976 militares y civiles se entronizaron en el poder en Latinoamérica con figuras como Alfredo Stroessner (Paraguay), Rafael Videla (Argentina), Augusto Pinochet (Chile), Hugo Banzer (Bolivia), José María Bordaberry (Brasil), Los Duvalier (Haití) y Trujillo (República Dominicana).
Este jueves se conmemora en el país el 58 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo, cuando se dirigía desde Santo Domingo a su residencia de descanso en la provincia San Cristóbal
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