El Ministerio Público informó este domingo que depositó en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y otros 16 implicados en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
El órgano judicial acusó de incurrir en esa actividad ilícita a los exfuncionarios de CORDE, el exdirector de esa entidad, Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de INFEPA, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, y Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de CORDE.
Igualmente, fueron acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas SIDENET S.R.L., Inversiones Fernández Parache y Asociados, S.R.L (INFEPA), TITULATEC S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.
El Ministerio Público solicitó que se dicte auto de apertura a juicio en su contra, acogiendo en su totalidad la acusación presentada en contra de los encartados por los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los acusa de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, el cual destaca que durante la investigación de este caso de corrupción fueron encontradas pruebas suficientes y con méritos para que los encartados sean enviados a juicio de fondo, ya que las mismas los vinculan a la venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos, mediante maniobras fraudulentas en la que resultaron estafadas miles de familias residentes en ese populoso sector.
El comunicado resalta que para probar los hechos delictuales cometidos por los imputados de este proceso, el Ministerio Público llevó a cabo una extensa labor de investigación en el orden testimonial y documental. Indica en ese orden, que la acusación formulada por el órgano persecutor se sustenta en las declaraciones de 52 testigos, que incluyen funcionarios públicos de diferentes instituciones, moradores del sector Los Tres Brazos en calidad de víctimas, peritos, técnicos, agrimensores, agentes policiales y toda persona con información útil sobre el proceso.
En el orden documental, señala el Ministerio Público que obtuvo más de 600 pruebas documentales que incluyen, entre otras, experticias caligráficas y documentales realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), análisis financieros y societarios de cada uno de los imputados y empresas imputadas, ejecutados por especialistas en el área y basados en informaciones obtenidas del sistema financiero con orden judicial; certificaciones de cada documento o información que reposa en instituciones públicas o privadas necesaria para acreditar los hechos, así como peritajes informáticos realizados por el INACIF a más de 100 equipos informáticos ocupados en allanamientos realizados a los imputados también con orden emanada de un tribunal.
Estas pruebas documentales y materiales, señala que han sido obtenidas por el Ministerio Público con el más estricto apego al debido proceso de ley y respeto de los derechos fundamentales de los encartados, las cuales demuestran más allá de toda duda razonable la culpabilidad en la comisión de los delitos contra el patrimonio público de los que son acusados por este colosal fraude inmobiliario, uno de los más graves, masivos y complejos ocurridos en el país.
La acusación establece que un grupo de funcionarios públicos conformados por los exdirectivos de CORDE, la ex directora nacional del Registro de Títulos y dos agrimensores se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano vendiendo todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a precios pírricos a un grupo de empresarios agrupados en la compañía INFEPA. Refiere que éstos últimos tenían expectativas de obtener ganancias por miles de millones de pesos resultado de revender la infraestructura pública y privada desarrollada en el sector, valiéndose de maniobras fraudulentas (estafa) en perjuicio del Estado y el pago de beneficios indebidos en forma de sobornos.
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