La recién promulgada Ley 47-20 de Alianzas Público Privadas ha sido bien recibida por el sector empresarial del país debido a que la legislación facilitará el desarrollo de infraestructuras y servicios de interés social.
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias (AIRD), Circe Almánzar, consideró que esta ley puede ser muy beneficiosa para el país, siempre y cuando se aplique de manera adecuada. Sostuvo, además, que desde hace varios meses han estado trabajando en conjunto con el Gobierno y los legisladores para que la misma fuera hoy una realidad.
“Entiendo que el mayor impacto que tendrá esta ley es que podrá, si es aplicada adecuadamente, aumentar o propiciar un aumento en la inversión de capitales en el país a nivel de servicios de interés público e infraestructuras públicas que son tan necesarias en nuestro país, porque el porcentaje presupuestario es bajo comparado con el nivel de crecimiento sostenido que tenemos como economía”, precisó.
Sostuvo que llegar a un 5% del presupuesto en inversión pública, es una meta a lograr y si bien no se hace en presupuesto directo, se podría estar suplantando vía esta ley de alianzas público privadas.
Almánzar indicó que la importancia de esta ley radica en que va a impulsar la aplicación de los nuevos instrumentos financieros para el desarrollo de las inversiones y que además garantiza ciertos niveles de transparencia a la hora de someter y adjudicar proyectos de alianza público privada.
“Además establece la posibilidad de que haya iniciativas privadas para motorizar la innovación y los cambios de servicios públicos que se pueden dar”, destacó.
Expresó que lo más deseable para todos los ciudadanos es garantizar que esta ley se cumpla cabalmente y que no se piense que la misma va a garantizar los niveles de seguridad jurídica necesarios, por lo que se tiene que ser vigilantes para que todos los proyectos que se sometan cumplan con los niveles de transparencia evitando cualquier tipo de interés y de corrupción.
Asimismo, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, manifestó que la ley es un gran avance, ya que el país contará, finalmente, con un marco regulatorio para las Alianzas Público Privadas.
“Hace años que era un tema pendiente, y se logró con una estrecha colaboración público-privada en su proceso de formulación”, refirió.
Dargam expresó que la nueva ley trae consigo reglas claras que permitirán encaminar proyectos de desarrollo.
“Para el sector privado representa nuevas oportunidades de inversión, a través de procesos que deben ser transparentes y competitivos. Para el Estado, la posibilidad de desarrollar con recursos frescos, y la transferencia de tecnología y conocimiento apropiada”, dijo.
ORDENANZA
Límite
Es importante señalar que la Ley establece el límite de 3% del PIB al valor presente neto de los compromisos gubernamentales, a fin de que se garantice la sostenibilidad macrofiscal de mediano y largo plazo.
Circe Almánzar sostuvo que llegar a un 5% del presupuesto en inversión pública, es una meta a lograr y si bien no se hace en presupuesto directo, se podría estar suplantando vía esta Ley de Alianzas Público Privadas.
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