Las tecnologías de la información se presentan como un poderoso aliado en momentos de aislamiento social, como el que vivimos actualmente y es cuando las ventajas del comercio electrónico son palpables la posibilidad de que los restaurantes puedan seguir vendiendo sus productos mediante plataformas, permite que la economía local no sufra un golpe aún mayor y que tengamos opciones para aislarnos y ser socialmente responsables, sin que el comercio deba paralizarse por completo.
Vemos también las ventajas del gobierno digital, que nos permite realizar ciertos trámites y consultas desde la comodidad de nuestro hogar. Son cada vez más, las instituciones que habilitan plataformas electrónicas, tanto para acceder a algunos de sus servicios, como para realizar trámites diversos. Existen incluso aquellas que tramitan consultas vía chats electrónicos.
Todo esto permite que se pueda seguir funcionando, no a plena capacidad, pero al menos, en cierta medida; lo que hace que podamos trabajar o recibir clases desde nuestros hogares, en modo virtual, en contacto con nuestros familiares y sin afectar a terceros.
Así las cosas, hablar del acceso al Internet como un derecho humano bajo la situación que estamos viviendo ya no es un sueño y más bien, pareciera algo fundamental. De ese modo, muchos pueden realizar las compras del supermercado o de pequeños y medianos productores, e incluso, acceder a servicios públicos mediante las distintas soluciones digitales.
En algunos países, donde estas compañías han visto un mayor volumen de su operación gracias a una demanda extraordinaria, se empiezan a ofrecer puestos adicionales de trabajo, lo que suaviza el efecto que tiene el despido de personas por empleadores regulares que no pueden mantener la operación tradicional de sus negocios.
Es por estas ventajas que las empresas deben tomar en cuenta el componente digital y tecnológico, al momento de planificar sus operaciones y preparar sus contratos comerciales, tanto con clientes, como proveedores, siempre en observancia a los derechos del consumidor.
La autora es especialista de Deloitte Legal.
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