El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) buscaban a dos hombres en la propiedad que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, ha utilizada como oficina política.
Se trata de Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son requeridos por la justicia por presuntamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.
Esta información fue confirmada por el documento de la orden de allanamiento del Ministerio Público, donde también se detalló que esperaban incautar drogas, armas de fuego ilegales y otros documentos u objetos que comprueben la violación de las leyes anteriormente citadas.
Según el vocero de Martínez, Fernando Ramírez, la referida redada fue producto de una confusión de las autoridades.
“La verdad que para nosotros esto constituye una sorpresa bastante desagradable… y queremos entender que se trata de una confusión la falta de preparación para la investigación, tanto de la Dirección Nacional de Control de Drogas como del Ministerio Público, y no pensar que no es un abuso y una persecución política en contra del alcalde Abel Martínez“, afirmó.
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