El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, aseguró este martes que si existieron irregularidades durante su gestión, como señaló el Ministerio Público en su expediente de la Operación Coral, “no las vio”.
Así lo expresó el general durante una entrevista exclusiva en el programa Reporte Especial, transmitido por CDN, con Julissa Céspedes, luego de que la periodista le preguntara qué pensó una vez supo que fue nombrado en la referida investigación.
“Ahí es que empieza la mortificación de nosotros, de mi familia”, dijo Torres Robiou, quien agregó que le mortificaba su “nombre, que se diga algo que todavía se está investigando, que está en proceso y que lamentablemente, si hay situaciones que se dieron, humanamente no las vimos”.
En el programa también afirmó que el único que pudo intervenir en Cestur, para el beneficio del supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos de esa entidad, era el coronel Rafael Núñez de Aza.
Núñez de Aza, uno de los primeros apresados por los resultados de la Operación Coral, se desempeñó como gerente financiero del Cestur.
Igualmente explicó que él, como director de la mencionada institución, solo firmaba los nombramientos individuales de oficiales de alto rango, como el de los directores regionales.
Para los de rango más bajo las designaciones las realizaba el encargado de nómina del Cestur Raúl A. Girón Jiménez, otro implicado del caso, señalando que él solo firmaba los documentos de la nómina.
En su investigación el Ministerio Público afirmó que una de las formas que usaba este entramado para desviar dinero era el nombramiento irregular de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cestur, que cobraban entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
De ese monto los integrantes del supuesto grupo cobraban un porcentaje, a cambio de pequeñas dádivas.
¿Qué dice el expediente sobre Torres Robiou?
En el expediente del Ministerio Público sobre la Operación Coral se detalló que a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) le pareció “en extremo sospechoso” el alquiler de un inmueble que hizo el general Torres Robiou.
Se trata de un apartamento ubicado en El Portillo, provincia Samaná, por la que el general paga la suma mensual de 3,000 dólares, y que está a nombre de una de las empresas investigadas, Único Real State.
Dicha compañía es señalada como una de las empresas que la pastora Rossy Guzmán, otra imputada de la Operación Coral, le manejaba al jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, principal acusado del caso.
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