Como tácticas y medios de ventajas procesales de abogados, son frecuentes las recusaciones a jueces apoderados del conocimiento de medidas de coerción sobre casos de corrupción, asesinato y crimen organizado, que en el más de los casos no prosperan y, en contrario, los involucrados son enviados a prisión.
Una prueba de entre el último de estos casos es la del encartado coronel Rafael Núñez de Aza, que el pasado viernes, a través de su abogado, Félix Portes, recusó a la jueza del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero.
Pero esta recusación, basada en una alegada falta de “imparcialidad y celeridad en el proceso”, fue rechazada por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que remitió el expediente a la jueza y ésta, seguido, fijó el conocimiento de la medida para hoy, miércoles, a las 10:00 de la mañana.
Por este caso están acusados, hasta el momento, además de Núñez de Aza, el mayor general Adams Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El grupo es acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Otro interrogado
Mientras que en torno a este caso el secretario general del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el contador Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, quien también es cabo, fue interrogado por el Ministerio Público como parte de las investigaciones del caso Coral.
Cruz Duarte, quien es asistente del coronel Rafael Núñez de Aza, fue interpelado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
El secretario general del Cestur acudió a la Procuraduría General de la República acompañado de sus abogados Rafael Minaya y Miguel Iván, quienes rehusaron entrar en detalles sobre el interrogatorio.
Otro caso contra jueza
Otra recusación reciente fue a la jueza de Instrucción de Villa Altagracia, Sudelgi Rosario Mena, apoderada para conocer la medida de coerción al exraso Anthony Castro Pérez, involucrado en la muerte de los esposos evangélicos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz.
Fue interpuesta por el imputado a través de su abogado, Yery Castro, pero le fue rechazada por la Sala Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal y la jueza, tras conocer la medida, dictó un año de prisión al imputado en la cárcel El Polvorín.
Por el caso también fueron enviados a prisión el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes; los cabos Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de Los Santos, y los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.
Otra recusación
La Romana
Otro caso de recusación fue el elevado contra la jueza de la Atención Permanente de La Romana, Rafaelina Ruiz, por parte de los abogados del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, la cual fue rechazada.
De SCJ al Distrito
Luego de la recusación, el caso fue declinado por la Suprema Corte de Justicia a la jurisdicción del Distrito Nacional, donde el entonces juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, impuso prisión preventiva junto a otros imputados de narcotráfico y lavado de activos
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