A diferencia de las diversas informaciones que por años se han dado a los medios de comunicación con campañas para evitar engaños que hacen los privados de libertad desde las cárceles del país, el Ministerio Público asegura que ningún centro carcelario del país cuenta con equipos bloqueadores de señales telefónicas.
Así consta en el expediente de solicitud de medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en un supuesto entramado develado por la “Operación Medusa”.
Dice que en fecha 24 noviembre de 2020 la Dirección General de Prisiones certificó a través de una comunicación que “no tienen ningún Centro de Privación de Libertad (CPL), con equipos bloqueadores de señales de servicios telefónicos celulares”.
Esta problemática se extiende ya que tampoco ningún Modelo de Gestión Penitenciaria cuenta con bloqueadores de señales.
Se detalla que de acuerdo a una comunicación del 23 de noviembre del año 2020 del Modelo de Gestión Penitenciaria a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, donde se informa que en requisas frecuentes y aleatorias en los centros se han ocupado teléfonos celulares frecuentemente, por lo que solicitan la “instalación de dispositivos que permitan detectar las celdas telefónicas y bloqueadores de señales de equipos que no tienen”.
Las denuncias de delitos cometidos desde las cárceles del país han sido una constante donde las autoridades han presentado diversos planes.
En 2015 el exprocurador Francisco Domínguez Brito, presentó un sistema de bloqueador de las señales telefónicas móviles en las cárceles, que se inició en el penal del 15 de Azua.
Este plan contemplaba que cuatro cárceles del país para el 2016, incluyendo Najayo y La Victoria, tuvieran instalados los bloqueadores. Esto se haría por un monto de 10 millones de pesos.
Grupo imputado
Por la Operación Medusa se pide prisión además de Jean Alain, exprocurador de la República; a Miguel José Moya, quien fue asesor de Rodríguez durante su gestión en la PGR y quien admitió que le pagaron la suma de 19.5 millones de pesos para impartir unos cursos que nunca se dieron.
Rafael Stefano Canó Sacco, ex jefe de Gabinete de la PGR; Rafael Antonio Mercedes Marte, fue encargado de Contabilidad de la PGR; Alfredo Alexander Solano Augusto, fungió como director financiero y encargado de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, quien fue director administrativo; Jenny Marte Peña, era encargada de proyectos; y Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera
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