lunes, 15 de noviembre de 2021

Condenan a 30 años de prisión al narco Pascual Cordero, alias El Chino

 

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a 30 años de prisión a Pascual Cordero Martínez, alias el Chino, tras declararlo culpable de patrocinar el narcotráfico internacional e incurrir en lavado de activos.

Además, las juezas Ingrid Fernández, Ana Lee y Altagracia Ramírez ordenaron que le sea decomisados varios bienes y que pague una multa de 200 salarios mínimos.

Alias el Chino, por disposición del tribunal, cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, donde guarda prisión preventiva.

Fue declarado culpable de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, patrocinador de narcotráfico internacional y lavado de activos, sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal; los artículo 4, 5, 6 y 75, párrafo III, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3 (literales A, B, C), 4, 5, 7 (literal D), 8 (literal B), 18, 19, 21, 24, 25 y 27 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves

Con este fallo, el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público, que ha establecido que Cordero Martínez incorporó al sistema financiero recursos obtenidos durante más de 15 años de operación en el narcotráfico.

La acusación presentada por el Ministerio Público  indica que Cordero Martínez se relacionaba directamente con coimputados para que estos, vinculados en empresas de fachada, le sirvieran para adquirir bienes y servicios, haciendo uso en muchos casos de identidades y documentos falsos.

Este entramado, dicen los fiscales, permitió al imputado agenciar y transferir productos financieros y colocar la titularidad a favor de uno u otro de sus colaboradores. Sin embargo, el uso, disfrute y disposición del bien, y su administración en la mayoría de los casos, se enlazaban con otros miembros de la red, lo que evidenciaba estrategias para impedir que las autoridades determinaran el origen de los fondos y el verdadero propietario

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