El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para este martes el conocimiento de la audiencia para conocer la solicitud del Ministerio Público de cuatro meses de prórroga para presentar la acusación en contra de los imputados en el caso Coral.
El magistrado Raymundo Mejía tomó la decisión a fin de dar oportunidad a los abogados de los imputados de tomar conocimiento de la solicitud de prórroga presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución. La audiencia se conocerá a las 11:00 de la mañana.
La solicitud de prórroga para presentar acusación contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados involucrados en el caso, fue hecha por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, a través de una instancia fechada el día 4 de este mes de enero.
En el documento firmado además por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, se hace constar que se hizo la solicitud por diversas razones y que “a medida que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez más grave y compleja".
En su petición el Ministerio Público dice que mantiene una investigación diligente y activa contra la red de corrupción de la que, figuran además como imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El 10 de mayo de 2021, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante resolución impuso medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses en contra de los encartados, luego de haber declarado el caso complejo. Ordenó además arresto domiciliario con vigilancia en contra del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación.
A los acusados se les imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo a las investigaciones que realizó Pepca, cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
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