El juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, fue apoderado de una solicitud de prisión preventiva en contra de siete implicados en el entramado de lavado de activos a raíz de la operación FM.
La instancia en contra de los imputados donde además se pide al tribunal que el caso FM sea declarado de tramitación compleja, fue presentado por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.
La directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso dijo que la instancia fue depositada en la jurisdicción de Santo Domingo Oeste, debido a que el caso tiene su origen en un proceso abierto allí.
Tras ser preguntada sobre el nombre puesto al caso, la procuradora adjunta respondió que por el momento no puede explicarlo públicamente, ya que se tendría que revelar un detalle del expediente que en este momento no pueden decirlo.
La solicitud de medida de coerción es en contra de Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
El grupo se encuentra recluido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se espera que en las próximas horas sea trasladado al tribunal para conocer la solicitud de medida de coerción.
El grupo fue arrestado como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
El caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
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