El Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, en contra de 38 personas arrestadas en la Operación Discovery.
Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, informó además que pidieron al tribunal declarar el caso complejo.
"Por el momento estamos sometiendo los que entendemos que tienen la vinculación suficiente para lograr medidas de coerción", indicó.
Sin embargo, el funcionario judicial dijo que la investigación sigue abierta, por lo que no descartó que otras personas sean sometidas.
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Entre los imputados están: Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Daria), Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o la Válvula) y David Antonio Guzmán Javier.
Según la acusación del Ministerio Público, a los implicados en la presunta red les ocuparon evidencias de transacciones millonarias en dólares, siete pistolas y una metralleta Uzi, US$400,000 (RD$23 millones, aproximadamente) y más de RD$19.2 millones en efectivo. También 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.
La presunta red se dedicaba al ciberdelito a través de call centers, la extorsión sexual y económica, el robo de identidad, incluyendo de agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).
La organización, que tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata, utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares.
Los detenidos están acusados por el Ministerio Público de violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones y el 405 que condena la estafa. Además, de quebrantar las disposiciones de los artículos 2, 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano y los 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Hasta el momento la Oficina de Atención Permanente no ha fijado la hora de la audiencia
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